Desarticulan red en España que explotaba a empleadas del hogar nicaragüenses.

Fueron detenidos ocho miembros de una red que captaba mujeres nicaragüenses con necesidad económica para trabajar de empleadas del hogar en España, donde, al haber contraído una deuda con la organización, eran explotadas laboralmente e incluso obligadas a tener relaciones con el cabecilla para rebajar la deuda.

La policía española informó que para el viaje, la organización les proporcionaba la documentación y billetes necesarios, de modo que contraían una deuda de unos 4.500 euros y que avalaban con la vivienda que ocupaban con su familia en Nicaragua. Deuda que se incrementaba progresivamente (a un interés que a partir del octavo mes llegaba al 10% mensual) haciéndose, en ocasiones, imposible de pagar.

Para hacerle frente, las víctimas debían pagar en torno a los 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico, por lo que algunas de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.

Los encuentros eran además presuntamente grabados con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su publicación si no pagaban lo que debían.

La investigación se inició con una llamada al teléfono contra la trata de seres humanos en la que se denunciaba la existencia de una persona que se estaría dedicando a traer chicas procedentes de Nicaragua para trabajar en el servicio doméstico a cambio de dinero.

Agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos se hicieron cargo de las pesquisas y descubrieron la existencia de una organización que operaba al menos desde 2009, liderada por la familia del principal cabecilla.

Averiguaron también que, una vez en España, las víctimas eran recogidas por miembros de la red que las trasladaban a Murcia, donde eran recibidas por el cabecilla que se encargaba de alojarlas en pisos que tenía alquilados.

Por el alojamiento tenían que pagar unos 70 euros semanales, aunque fueran varias las personas con las que tuvieran que compartir habitación, viviendo, por lo tanto, en unas deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento. De esta manera además, la deuda inicial se iba incrementando continuamente.

El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándolas que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos sus documentos de las víctimas e incluso sus pasaportes originales o abriendo su correo, todo ello para asegurarse de que pagarían su deuda.

El líder de la red las amenazaba con quitarles sus propiedades si le denunciaban, lo que las víctimas no hacían por miedo a sus amenazas o a ser expulsadas de España, ya que muchas se encontraban en situación irregular.

Tras reunir las pruebas, los agentes detuvieron al cabecilla de la organización, que ingresó en prisión provisional por orden judicial.

En la operación fue detenido el cabecilla de la red en la provincia de Murcia (sureste), en cuyo domicilio los agentes encontraron imágenes en las que aparece abusando sexualmente de alguna de sus víctimas.

La Policía arrestó a otras cinco personas en Murcia y dos en Madrid, además de localizar a 185 mujeres que son o han sido víctimas de la organización.

Las investigaciones permitieron también averiguar que la organización también se dedicaba a prestar dinero a otros compatriotas suyos, aprovechándose de la situación de necesidad en la que vivían, exigiéndoles elevados intereses y teniendo que avalar los préstamos con sus escasas propiedades.