Gobierno de Nicaragua rechaza informe de la ONU sobre Violaciones de Derechos Humanos.

El Gobierno de Nicaragua manifiesta su rechazo al informe de la OACNUDH “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas de Nicaragua desde el pasado 18 de Abril al 18 de Agosto".

La OACNUDH fue invitada para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad creada en la Mesa del Diálogo Nacional.

El gobierno de Nicaragua dice que el informe es parcializado y sesgado y no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del informe, por considerar las informaciones parcializadas y subjetivas.

“El informe señala la crisis de derechos humanos desde el inicio de las protesta, que se ha caracterizado por múltiples formas de la violencia y de represión, esto ha causado miles de víctimas, entre ellas 300 personas han muerto al menos y por lo menos dos mil han tenido algún caso de herida o afectación”.dijo el coordinador de la misión de la ACNUDH, Guillermo Fernández Maldonado.

“El proceso de este informe no se hace a escondidas del Gobierno se hace en consulta con el Gobierno y el Gobierno efectivamente mencionó que desde su punto de vista esto era una extralimitación de la invitación que hizo al país, lo que dijimos nosotros es que este informe se hace en ejercicio de nuestro mandato mundial de protección y promoción de los derechos humanos, aunque no hubiéramos estado en el país -y de hecho en la mayoría de los países no estamos-, eso no cambia la naturaleza del mandato. No es un informe que responde a la invitación de acompañamiento por eso estamos en el país. Es un informe que responde al mandato universal del Alto Comisionado”, sostuvo Fernández.

Y en cuanto al alegato del Gobierno que en el país lo que ha ocurrido es un intento de golpe de estado, Fernández refirió que “esa es la visión que tiene el gobierno” y comentó que “desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería eso fue lo que se planteó lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión, que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión y si encontramos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos público”.

“No nos han respondido ninguna de las solicitudes de información, ni nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos”.

No obstante, mencionó que desde la perspectiva de derechos humanos “hemos encontardo una serie de acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos (…) también se habla del tema de parcialidad y el tema de soberanía, esto se hace bajo la base de estándares internacionales por ejemplo los tratados de derechos humanos que son ratificados soberanamente por el país en este caso de Nicaragua y con el compromiso global de todos los miembros de Naciones Unidas al firmar la Carta de Naciones Unidas que incluye el respeto a los Derechos Humanos”.

Recordó que el informe abarca violaciones de derechos humanos (agentes del Estado) y abusos (se refiere a agentes no estatales), por lo que es importante que el informe sea leído en el contexto del derecho de todas las víctimas para que puedan acceder al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.

Es por ello, que en el informe propuesto acciones específicas de parte de la comunidad internacional que podría ser una Comisión de la Verdad híbrida, lo cual a su criterio no es novedoso y podría estar integrada no solo nacionales sino con la participación de expertos extranjeros.

Recordó que la Oficina regional de Alto Comisionado para los DH realiza un monitoreo remoto de los países y desde junio a invitación del Gobierno está una misión en el país y esto se hace sobre la base del mandato que tiene para todo el mundo la oficina del Alto Comisionado.

Explicó que para ese informe realizaron decenas de reuniones, centenares de entrevistas, revisaron documentos oficiales, documentos de ONU , medios de comunicación y por tanto “se cumplió con la debida diligencia respecto de las fuentes y respecto de la veracidad de lo que se recibía”, dijo.

Fernández insistió en que no han recibido respuesta a solicitud de información que han realizado al Gobierno, no han tenido acceso a centros de detención salvo en una ocasión en junio, tampoco han podido realizar visitas al terreno fuera de Managua, por lo que es tradicional en el mecanismo de monitoreo no se ha podido cumplir en los últimos meses.
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