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miércoles, 29 de agosto de 2018

La crisis de derechos humanos exige acción y rendición de cuentas, señala informe de la ONU.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, advirtió hoy que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos.

"Debe haber un cambio de actitud (del Gobierno) porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada", dijo Zeid a la prensa, a la que comentó algunas de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo.

"Debe liberare a quienes nunca debieron ser detenidos por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente", agregó el alto responsable de la ONU, quien dentro de dos días entregará el testigo a su sucesora, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

Zeid, a quien se le reconocen sus posiciones claras en defensa de los derechos humanos más allá de presiones políticas, dijo que -como ocurrió al inició de la crisis en Venezuela- en Nicaragua se acusa a los líderes de las protestas de terrorismo, cuando en realidad "están luchando por los derechos más básicos".

Denunció "el grado tan intenso de represión" que han ejercido las fuerzas gubernamentales y grupos armados irregulares que las apoyan, en particular contra los estudiantes, muchos de los cuales están detenidos.

"No me sorprendería que en el futuro escuchemos que hubo desapariciones o casos de tortura", anticipó.

El gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el ejecutivo del presidente Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles.

El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.

Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.

 El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.

“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.

El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la "represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”.

La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”, afirmó el Alto Comisionado. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.

Zeid tuvo la oportunidad de hablar con líderes del movimiento estudiantil que pide la salida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyos relatos le impactaron por la gravedad de los hechos descritos.

El alto comisionado saliente dijo también que espera que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) ordene a tiempo una investigación de las violaciones de derechos y libertades, como ha solicitado su oficina.

Relacionado a la tortura, el informe de 47 páginas describe que los detenidos fueron torturados con pistolas Taser, alambre de púas, golpes con puños y tubos e intento de estrangulamiento. “Algunas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, incluida la violación, y han descrito las amenazas de abuso sexual como algo común. Los detenidos también mencionaron casos de violación, incluida la violación con rifles y otros objetos”, remarca el informe.

Indica que en la primera fase de la crisis la policía y algunos elementos armados progubernamentales reprimieron las protestas. En la segunda fase de “limpieza”, de mediados de junio a mediados de julio, la policía y los elementos armados progubernamentales, entre otros las denominadas “fuerzas de choque” y las turbas, desmontaron violentamente las barricadas y los “tranques”. “Tras la represión de las protestas, la tercera fase de la crisis, todavía en curso, ha consistido en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno.

El acoso contra individuos percibidos como opositores del Gobierno incluye marcas en las casas, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas difamatorias en las redes sociales.

La OACNUDH ha recibido relatos de individuos que alegan haber sido advertidos que sus nombres aparecerían en “listas de muerte”; estas listas estarían siendo presuntamente circuladas por autoridades gubernamentales para instruir a la población sobre a quién se debe acosar, arrestar o incluso privar de sus vidas.

Según la información de que dispone la Oficina del ACNUDH, hasta el 18 de agosto al menos 300 personas habían sido imputadas, incluso con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado. Estos juicios presentan graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales”, según expone el informe.

El CDH inicia el próximo 10 de septiembre en Ginebra su tercer y último periodo de sesiones del año.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció desde el inicio de la crisis en Nicaragua, el pasado abril, la represión, en particular la participación de grupos de tipo paramilitar y sus ataques sin motivo contra los manifestantes.

Zeid dijo que deben ejercerse rápidamente presión a nivel regional e internacional sobre el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, porque las denuncias y declaraciones de la ONU no son suficientes.

"Si (se trata de gente que) se prepara para atacar jóvenes estudiantes no van a escuchar o dejarse persuadir por un funcionario de la ONU", explicó.

Zeid declinó comentar la mediación que el presidente Ortega a pedido a la ONU, señalando que este esfuerzo corresponde al secretario general de la organización, Antonio Guterres.

Lea el informe completo aquí:

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