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jueves, 6 de septiembre de 2018

La Alianza Cívica llama a un tercer paro nacional en Nicaragua

La Alianza Cívica convocó hoy a todos los sectores socioeconómicos de Nicaragua a que se sumen mañana viernes al tercer paro nacional desde junio, para presionar al presidente Daniel Ortega de liberar a los "reos políticos", entre ellos tres miembros del movimiento que aboga por la justicia y democracia.

"Convocamos a un paro nacional a partir de las 00.00 horas del día viernes (06.00 GMT) 7 de septiembre, hasta las 11.59 del mismo día (05.59 GMT del sábado). Un paro por la liberación de los presos políticos", indicó la Alianza, en un comunicado.

Datos de organizaciones humanitarias indican que, desde el estallido social en abril, en Nicaragua existen al menos 35 "reos políticos", cifra que elevan hasta 400 e incluso 500, cuando incluyen a las personas desaparecidas.

En una entrevista con Efe en Managua esta semana, el presidente Daniel Ortega negó que en el país haya presos políticos, y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.

Entre los "reos políticos" más conocidos están el campesino Medardo Mairena y los estudiantes Edwin Carcache, ambos miembros de la Alianza, así como los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el líder rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez y la estudiante Elsa Valle.

La protesta de mañana ha sido denominada "Paro por la paz de Nicaragua", debido a que el país "necesita una salida pacífica urgente a través del diálogo nacional", destacó la Alianza.

"Llamamos a todos los dueños de negocios, a pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a sumarse a este esfuerzo", agregó el movimiento.

El llamado incluyó a "todos los ciudadanos, madres, campesinos, estudiantes, trabajadores por cuenta propia, profesionales y obreros", e instó "a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores de sumarse a este cese de labores".

Los nicaragüenses realizaron el primer paro nacional el 14 de junio, para obligar a Ortega a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el segundo el 13 de julio, para mostrar su rechazo a la celebración anual sandinista conocida como "El repliegue".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

En la misma entrevista a Efe Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, no se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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