EEUU sanciona a vicepresidenta de Nicaragua y a un asesor.

Estados Unidos impuso el martes sanciones económicas a la vicepresidente y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada, por su responsabilidad en abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción, informaron autoridades.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el martes que Trump empleó el decreto contra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y su estrecho asesor Néstor Moncada Lau, a los que acusa de erosionar la democracia del país.

La medida tendrá el efecto de congelar activos de Murillo y Moncada que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos e impedir que individuos, bancos y otras entidades del país realicen transacciones con ellos.

El Departamento del Tesoro dijo que las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto del presidente Donald Trump, que declara una "emergencia nacional" para enfrentar la violenta respuesta del gobierno de Ortega a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril, y que según grupos humanitarios dejan más de 300 muertos.

 "Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua (...) constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza", reza la orden ejecutiva.

"Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en un comunicado.

Estados Unidos está decidido a impedir que los funcionarios de Ortega accedan al sistema financiero estadounidense para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense, subrayó.

Las sanciones emitidas contra Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.