Almagro inicia acciones para aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inició hoy el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas.

"Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", anunció Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
 
Almagro denunció que los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos de denuncia.

“Asuman su responsabilidad, sean dignos, ya han perdido la credibilidad de la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron”, instó el secretario general a los gobernantes nicaragüenses.
"Quisiera aferrarme a que usted y su Gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua", añadió Almagro, dirigiéndose al embajador nicaragüense ante el organismo, Luis Alvarado.

Dicha Carta es un instrumento jurídico aprobado en el 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

Entonces, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir si existe esa "alteración" del orden democrático y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.

De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de América podrían suspender a un Estado miembro si estima que "se ha producido la ruptura del orden democrático".

Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia del presidente, Daniel Ortega.

La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Gobierno solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.