GIEI de la CIDH denuncia crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Nicaragua tuvo conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”, denunció este viernes 21 de diciembre de 2018 el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) que había sido enviado por la CIDH al país, pero que esta semana fue expulsado por el gobierno de Daniel Ortega.

“Para el GIEI, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”, indicaron los expertos en un informe presentado en Washington.

El  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó hoy “investigue la responsabilidad en los hechos del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional” por “crímenes gravísimos” y de “lesa humanidad” contra manifestantes opositores desde las manifestaciones de abril pasado.

El informe proporciona una de las cuentas más detalladas y condenatorias disponibles hasta la fecha sobre el papel del gobierno de Nicaragua en la comisión de abusos de derechos humanos contra civiles para reprimir las protestas masivas.

El informe representa seis meses de trabajo extenso realizado por un grupo de expertos en persecución penales y derechos humanos, establecido por la CIDH. El gobierno nicaragüense aceptó la formación del grupo, aceptó su mandato y su composición, y se comprometió a permitirle acceso a la información.

Los investigadores entrevistaron a las víctimas, sus familiares y testigos, y revisaron más de 10,000 materiales audiovisuales y miles de otros documentos. Las conclusiones del informe de que la mayoría de las protestas fueron pacíficas y que la respuesta del Estado estuvo marcada por violaciones significativas de los derechos humanos son similares a los hallazgos publicados a principios de este año por la ONU.

Sin embargo, el informe respaldado por la CIDH es aún más explícito y claramente crítico del papel del Estado nicaragüense en los abusos que tuvieron lugar. Encuentra que la Policía Nacional de Nicaragua fue responsable de la mayoría de los asesinatos ocurridos en un período de 42 días. Dado el grado de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, se concluye que el presidente Daniel Ortega debe ser investigado para determinar cualquier rol en el ordenamiento de la violencia.

Además, el informe señala o recomienda que las instituciones estatales, desde el sistema de justicia hasta el ministerio de salud, deben ser investigadas y depuradas debido a su papel en negar el debido proceso a las víctimas, a la justicia e incluso atención médica básica.

De las 109 muertes reportadas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, 100 siguen sin resolverse, ya que “las investigaciones no han sido exhaustivas ni imparciales”, señala el informe.

De los seis casos que resultaron en una condena, todos involucraron a víctimas vinculadas al Estado o al partido gobernante. No se han abierto investigaciones contra las fuerzas de seguridad del estado o los grupos paramilitares alineados al Estado por su papel en matar, golpear y, en algunos casos, torturar y agredir sexualmente a manifestantes y detenidos. En su lugar, el sistema de justicia ha demostrado un patrón consistente de violación sistemática de los derechos del debido proceso de los ciudadanos y la detención arbitraria de personas con poca evidencia para apoyar los cargos, según el informe.

El miércoles 19 de diciembre el gobierno de Ortega ordenó la expulsión de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargadas de investigar la represión de las manifestaciones que comenzaron en abril.

La delegación de expertos se desplazó a Nicaragua para investigar las denuncias de represiones violentas de las protestas que comenzaron en abril. Los expertos señalaron que desde el inicio de sus labores, el trabajo del Grupo se desarrolló “sin la cooperación del gobierno” y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores “representó una seria limitación”.

Los expertos del GIEI determinaron, con la ayuda de de organizaciones de derechos humanos locales, que “sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo” hubo al menos 109 muertos, más de 1 400 heridos y más de 690 detenidos.

"En la investigación de los 109 casos han existido graves deficiencias, como la audiencia de procesamiento de escenas del crimen o su procesamiento deficiente y la ausencia de realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales", indicaron.

La delegación denunció que "numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos".

"Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos", indicó Pablo Parenti, fiscal que forma parte del grupo de expertos.

Los observadores señalaron además que "el sistema de justicia penal ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización" de los ciudadanos que participaron en las protestas.

"En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho un uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado", señalaron los expertos.

- Evitar la impunidad -


Con respecto a la acción de la justicia internacional, Parenti aclaró durante la presentación del informe que Nicaragua no forma parte del estatuto de Roma, por lo que actualmente la Corte Penal Internacional no puede actuar.

"Hoy Nicaragua no es parte de la CPI", dijo el abogado, que sin embargo aclaró que esto no cierra todas las puertas.

"Hoy en día (...) hace falta o que el Consejo de Seguridad de la ONU mande el caso a la CPI o que el propio Estado de Nicaragua en algún momento pueda manifestar su voluntad, lo que es un cambio político, de que la CPI sea competente", explicó a la AFP el experto.

Para evitar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, los expertos recomendaron a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU "que inicien una investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país".

Esta semana, el gobierno de Ortega acusó al MESENI y al GIEI de "injerencia" y "falta de imparcialidad y objetividad", y los expulsó, por lo que el informe que iba a ser presentado en Managua fue difundido en Washington.

Esta decisión coincidió con la cancelación de la personalidad jurídica de algunas organizaciones locales y con el allanamiento de medios de comunicación independientes.

Este viernes, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, criticó severamente la expulsión por Nicaragua de las misiones.

Bachelet se lamentó que "no hay prácticamente ningún organismo independiente de defensa de derechos humanos en Nicaragua", después de que el propio Alto Comisionado fuera expulsado en septiembre.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump firmó una ley conocida como "Nica Act" que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Ortega.

"La Nica Act envía otro mensaje contundente de que Estados Unidos va a seguir presionando al régimen de Ortega para que haya un retorno a la democracia y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales", dijo este viernes Robert Palladino, uno de los portavoces del Departamento de Estado.


VER INFORME DIGITAL
GIEI de la CIDH denuncia crímenes de lesa humanidad en Nicaragua GIEI de la CIDH denuncia crímenes de lesa humanidad en Nicaragua Reviewed by RVN on 12/21/2018 06:07:00 p. m. Rating: 5

No hay comentarios