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jueves, 27 de diciembre de 2018

Piden ver la crisis en Nicaragua con la Carta Democrática de la OEA

Una decena de nicaragüenses con banderas azules y blancas, símbolo de las protestas, se concentraron frente a la sede de la OEA, donde hoy se inició una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para evaluar la situación en el país centroamericano.

La celebración de la reunión fue solicitada por las misiones en la Organización de Estados Americanos (OEA) de siete países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y EE.UU., según figura en el documento de la convocatoria.

Fuera de la sede de la OEA, en Washington, una decena de nicaragüenses gritaban consignas como, "¡Queremos una Nicaragua libre!".

Los manifestantes increparon a su llegada a la OEA al embajador de Nicaragua ante el organismo, Luis Alvarado, al que llamaron "asesino" y le pidieron que no sea "cómplice" de la "represión" del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

La sesión comenzó pasadas las 10.00 hora local (15.00 GMT) y su objetivo es la "consideración de la situación en Nicaragua", así como la presentación ante el Consejo Permanente del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Ese informe fue presentado la semana pasada en Washington y en este, el GIEI señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
Los Gobiernos de Colombia, EE.UU., Perú y Argentina pidieron hoy evaluar la crisis en Nicaragua mediante la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque no exigieron explícitamente que se inicie el proceso para suspender a ese país del organismo.

Es la primera vez que la aplicación de la Carta Democrática aparece en el debate sobre Nicaragua en la OEA, que hoy celebra una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.

En la sesión, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la OEA debe jugar "un papel indispensable" frente a la crisis en Nicaragua, que estalló el 18 de abril con protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y que han dejado centenares de muertos.

"La situación en Nicaragua -dijo Ordóñez- debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana".

El diplomático colombiano consideró "urgente" e "imperativo" tomar esa iniciativa dentro de la OEA después de que un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya concluido que el Gobierno de Ortega ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que el organismo no puede estar "en silencio" y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua "no se cumplen" los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.

La embajadora de Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, también mencionó la Carta Democrática e instó al resto de Estados a no permanecer "impasibles" ante la situación.

La embajadora argentina, Paula Berto, fue un poco más contundente y adelantó: "Un grupo de Estados estamos pensando en aplicar la Carta Democrática", señaló.

 Almagro denunció que los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos de denuncia.

“Asuman su responsabilidad, sean dignos, ya han perdido la credibilidad de la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron”, instó el secretario general a los gobernantes nicaragüenses
Ninguno de los embajadores, sin embargo, especificó cómo debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua.

Dicha Carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa "alteración" del orden democrático y, a partir de entones, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.

De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".

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