Policía culpa a manifestantes por violencia en Nicaragua

La Policía de Nicaragua culpó a manifestantes antigubernamentales por los hechos violentos de este sábado, que dejaron al menos 11 detenidos, 4 heridos de bala y varios lesionados, lo que le valió la crítica de diversos sectores.

"Grupos violentos que durante los tres últimos fines de semana (...) han alterado el orden público, perturbado las actividades de comercio, y la normal convivencia (...) acosaron y agredieron a mujeres y niños", informó la Policía nicaragüense, en un comunicado.

Los actos violentos ocurrieron un día después de que el Gobierno de Nicaragua se comprometió a respetar la Constitución en lo referente a las libertades públicas.

La Policía emitió el comunicado en medio de críticas por su proceder, debido a que sus agentes ingresaron sin orden judicial en un local privado para agredir a personas que protestaban contra el presidente Daniel Ortega, además de golpear y arrebatar equipos a periodistas.

Las víctimas de la agresión acusaron a la Policía de actuar en conjunto con paramilitares y miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que se hicieron acompañar de niños, para forzar escenas violentas similares a las de 2018, tras el estallido social de abril contra Ortega.

Uno de los "sandinistas infiltrados", German Dávila, disparó contra los manifestantes e hirió a tres de ellos, antes de lastimarse con sus propias detonaciones, según los testigos, quienes lo despojaron del arma por la fuerza.

La versión policial indica que los manifestantes "rodearon y agredieron verbal y físicamente" a Dávila, al que separó de la escena del tiroteo.

Dávila, de 70 años, es miembro activo del FSLN y antiguo integrante del Ejército Popular Sandinista.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó a la manifestación, cuestionó que "a menos de 24 horas de haber anunciado acuerdos, el Gobierno de Nicaragua ya ha incumplido al menos dos de ellos: el derecho a la concentración pacífica, el cual no necesita permiso según la ley, y el desarme de los paramilitares".

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que discute con el Gobierno una solución a la crisis que vive Nicaragua, reprochó que "el régimen Ortega Murillo ha puesto nuevamente en peligro el desarrollo de la mesa de negociación y la búsqueda de salidas pacíficas y constitucionales".

El Episcopado de Nicaragua, encabezado por el cardenal Leopoldo Brenes, lamentó "los hechos violentos realizados esta tarde en donde fueron detenidos varios ciudadanos".

"Es indignante que de nuevo hoy en Nicaragua la policía y los civiles violentos ataquen, detengan y lastimen a los ciudadanos que se están manifestando pacíficamente. No se trata de no respetar los acuerdos, sino de los seres humanos. No están obstaculizando las negociaciones, sino el futuro del país", dijo el influyente obispo Silvio Báez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes "de lesa humanidad".

Al menos 325 personas han muerto en protestas gubernamentales, según la CIDH, aunque organismos locales establecen el número de víctimas en 561, y el Gobierno en 199.

Unas 809 personas se mantienen en la cárcel como "presos políticos", según la oposición, mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

Ortega afirma que la crisis en realidad es un intento de golpe de Estado "fallido". ACAN-EFE
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