La oposición rechaza la "campaña engañosa" del Gobierno de Nicaragua sobre sanciones
"Rechazamos la campaña engañosa (...) que pretende hacer ver estas sanciones como perjudiciales a los más pobres y humildes, cuando en realidad afectan a los funcionarios señalados por sus actos de corrupción y violación a los derechos humanos", destacó la Alianza en un comunicado.
LAS SANCIONES SON CONSECUENCIA DE LA REPRESIÓN, CENSURA Y EL ABUSO DEL PODER
El Gobierno, con sus acciones de abuso sistemático a los derechos humanos y su corrupción son los verdaderos responsables de dichas sanciones y son ellos, las personas sancionadas, los afectados.
Rechazamos la campaña engañosa, mediante comunicados falsos a la verdad que pretende hacer ver estas sanciones como perjudiciales a los más pobres y humildes, cuando en realidad afecta a los funcionarios señalados por sus actos de corrupción y violación a los derechos humanos.
La Alianza Cívica considera que el verdadero camino para una efectiva suspensión de sanciones pasa por la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de ser informado, el derecho de movilización, el retorno seguro de los miles de exiliados y la búsqueda de la justicia y la democracia entre otras cosas. Son estas acciones, y no un llamado vacío e insustancial a suspenderlas, lo que efectivamente traerá el ambiente de confianza que tanto anhela el Gobierno.
La falta de voluntad del Gobierno de avanzar con acciones concretas a cumplir con los acuerdos ya firmados son el verdadero tranque que impide la búsqueda de una solución a la actual crisis.
Desde el estallido social de 2018, Estados Unidos ha emitido sanciones económicas específicamente contra familiares del presidente Daniel Ortega y funcionarios que considera involucrados en actos que son considerados delitos en cualquier país.
El Gobierno sostiene que las sanciones "dañan a los más pobres", lo cual es rechazado por la Alianza, ya que entre los afectados están la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, así como el consuegro del presidente y jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz.
Las sanciones, que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, incluyen al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el Gobierno venezolano.
La Alianza, que discute con el Gobierno el posible retorno a las negociaciones para encontrar una salida a la crisis de Nicaragua, informó de que hizo público su rechazo a la versión oficial sobre las sanciones, ante la insistencia del Ejecutivo en mostrar a los opositores como personas que faltan al "deber patriótico" y carentes "de dignidad nacional".
El Gobierno también reclama a la Alianza que solicite a la comunidad internacional la suspensión de las sanciones y otras futuras.
El grupo opositor sostiene que lo hará una vez que el Gobierno cumpla con los compromisos firmados en la mesa de negociaciones, como son liberar a los "presos políticos" y respetar la Constitución, y se comprometa con que se haga justicia con las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia, tal como las partes habían acordado.
La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales cuentan hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.
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5/03/2019 02:26:00 p. m.
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