La UE aprueba un régimen de sanciones por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
«Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua», señala el comunicado oficial.
Las restricciones incluirían la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes. Las personas físicas y las entidades del bloque comunitario tendrán prohibido además poner fondos a disposición de los incluidos en la lista.
El marco adoptado, según el Consejo, permite aplicar un enfoque flexible, añadiendo designaciones específicas en caso de deterioro y revocándolas en caso de un avance positivo.
Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a responsables del país centroamericano, aunque advierte que lo hará en caso de “un ulterior deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho”.
“La situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante”, aseguran en una declaración los cancilleres de los 28 países del bloque, que señalan como “avance positivo” la puesta en libertad de un gran número de “presos políticos”.
Sin embargo, los europeos denuncian que no se aplicaron completamente los acuerdos de marzo entre gobierno y oposición, en lo relativo a los “derechos civiles y políticos”, y la “negativa continuada” de Managua a retomar el diálogo, una “señal negativa”.
La UE urge así a la aplicación plena de ese pacto, el regreso al país de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un acuerdo sobre reformas electorales entre gobierno y oposición “con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes”.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos, cerca de 70.000 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica. Y en un proceso lleno de vaivenes, Ortega suspendió de manera unilateral las negociaciones con la oposición el 30 de julio.
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10/14/2019 08:12:00 a. m.
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