Aumenta presión por liberación de presos políticos en Nicaragua

La presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para que libere a los presos políticos aumentó este lunes con una segunda huelga de hambre, anuncios de protestas y un posible paro opositor en Nicaragua.

Las acciones son organizadas por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a 92 grupos, como parte de la campaña "Navidad sin presos políticos", anunció en rueda de prensa Félix Maradiaga, dirigente de la coalición.

Se realizarán "acciones de presión en las calles en solidaridad con los presos políticos" hasta lograr su liberación, adelantó.

Eso "incluye protestas rápidas, manifestaciones, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional que la oposición coordinará con la empresa privada", agregó Maradiaga.

El bloque opositor urgió a los empresarios a unirse "a la resistencia no violenta mediante la desobediencia civil".

- Huelga de hambre -

Once mujeres iniciaron el pasado jueves una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, 30 km al sureste de Managua, para exigir la liberación de los opositores presos, aunque el gobierno de Ortega no reconoce que en Nicaragua existan presos por motivos políticos.

La policía mantiene sitiada la parroquia de Masaya para impedir el acceso a las huelguistas y las autoridades cortaron el servicio de agua.

José Borgen, un médico que intentó sin éxito entrar al templo, dijo que a los problemas de deshidratación que padecen las huelguistas se agrega el estrés que les causa "el asedio policial".

Este lunes, otros nueve opositores –siete mujeres y dos hombres– iniciaron una segunda huelga de hambre en la catedral de Managua como parte de la misma campaña.

Los uniformados también sitiaron y cortaron el acceso a la catedral.

- Opositores acusados -

En tanto, la Fiscalía acusó ante la justicia por tenencia de armas restringidas a la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y a otros 15 opositores que intentaron auxiliar con agua a las mujeres en ayuno en Masaya.

Los detenidos fueron imputados por "delitos relacionados con armas de fuego" en perjuicio de la seguridad pública, confirmó a la AFP la abogada María Oviedo, de la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La CPDH informó que 13 de los 16 acusados son miembros de la UNAB.

Tras una larga audiencia, el juez Cruz Zeledón dictó prisión preventiva y admitió la acusación contra los 16 opositores, quienes fueron presentados al tribunal esposados y con su uniforme azul de prisioneros.

"Esa acusación es infundada, es una falacia, jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con un armamento ilegal", dijo Oviedo, quien afirmó que el proceso es parte de una represalia política contra los opositores al gobierno del presidente Ortega.

La policía, por su parte, informó que los 16 opositores fueron capturados el pasado jueves con 12 artefactos explosivos, una escopeta, tres revólveres y cuatro armas de fuego, y los acusó de pretender cometer "actos terroristas" en los departamentos de Managua, León y Chinandega (occidente).

"Tenían planificado continuar realizando actos terroristas contra edificios, unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos", dijo en rueda de prensa el comisionado Victoriano Ruiz, segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

El delito de tenencia ilegal de armas conlleva una sentencia de seis a ocho años de prisión, según Oviedo.

Coppens, de 25 años, es una de las líderes del movimiento estudiantil que en abril del 2018 salió a protestar junto a miles de nicaragüenses contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

La joven, de doble nacionalidad belga y nicaragüense, fue encarcelada por primera vez en septiembre del 2018, en medio de la represión contra los manifestantes, que dejó al menos 325 muertos y cerca de 70.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En junio, fue liberada junto a cerca de 500 manifestantes presos, bajo una polémica ley de amnistía.La policía indicó que otras cuatro personas fueron detenidas bajo cargos de intentar volar con explosivos un puente y una torre eléctrica en el occidente del país.