Relator de la CIDH preocupado por situación de manifestantes presos en Nicaragua.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Joel Hernández, expresó este jueves su preocupación por la situación de las personas detenidas en Nicaragua por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

“Vemos que esta población de personas privadas de libertad se encuentra en una situación de fragilidad y es necesario velar por sus derechos humanos”, declaró a la AFP Hernández, relator de la CIDH para los derechos de los detenidos.

Hernández llegó el martes al país con la intención de visitar la cárcel El Chipote de la policía en Managua, donde son investigados la mayoría de los manifestantes presos, así como las cárceles del sistema penitenciario La Esperanza, de mujeres, y La Modelo, de hombres, en la que son recluidos los que tienen procesos o son condenados.

“Desafortunadamente no tuvimos acceso a las prisiones”, lamentó Hernández poco antes de partir de Nicaragua.

“También solicitamos una serie de reuniones con autoridades nicaragüenses con el propósito de intercambiar información, contrastar informaciones que tenemos para tener una visión mucho más completa”, pero tampoco respondieron a la petición, indicó.

Sin embargo, pudo reunirse con familiares de manifestantes presos, sus abogados y representantes de la sociedad civil.

Los familiares expresaron “muchas preocupaciones” sobre la situación de los detenidos y “sobre los juicios y las condiciones en las cuales se encuentran presos” sus seres queridos, dijo Hernández.

“Hemos tomado nota de estos testimonios para poder tener una visión global de la situación” de los privados de libertad en el contexto de las protestas, agregó.

Al menos 500 nicaragüenses están detenidos por dirigir, participar o apoyar las protestas contra el gobierno, que iniciaron en abril, y cuya represión deja más de 320 muertos según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El Cenidh estima que más de 300 de los detenidos están siendo procesados por delitos que le atribuye la policía o “terrorismo”, una definición que Nicaragua aplica a las personas que promueven actividades como las protestas.

Al menos tres manifestantes son presentados diariamente por la policía ante medios oficialistas con acusaciones de terrorismo, con base en una ley aprobada en julio que criminaliza las protestas.

De acuerdo con el Cenidh, los manifestantes son capturados sin orden judicial y una vez presos, la policía les niega a la mayoría llamar a sus familiares, asesorarse con un abogado y recibir visitas.

El presidente Ortega ha negado en entrevistas con medios extranjeros que existan presos políticos en Nicaragua y acusa a los manifestantes de ser “golpistas” financiados por Estados Unidos.