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domingo, 19 de agosto de 2018

Gobierno de Costa Rica condena la manifestaciones violentas contra nicaragüenses.

El Gobierno de Costa Rica condenó hoy las manifestaciones violentas, los discursos y los llamados de odio contra nicaragüenses en su país, que según señaló no se corresponden con la idiosincrasia costarricense.

El ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, indicó en conferencia de prensa que las protestas son "inéditas" y pidió respeto a la legislación, las leyes y el Estado de derecho.

"Las manifestaciones tenían una forma que no responde a la idiosincrasia nacional, del ser costarricense, y claramente los discursos de odio, los llamados al odio y la violencia deben ser erradicados del país y no son sujeto de nuestra idiosincrasia. Debemos ser muy cuidadosos de cuidar esa paz y solidaridad humana que debemos practicar", afirmó Mendoza.

Cientos de costarricenses se manifestaron en un parque del centro de San José contra el ingreso de nicaragüenses que piden refugio tras la crisis política de su país. La protesta terminó en disturbios, ofensas y varios detenidos.

Con gritos de "¡Fuera nicas!" y con banderas y camisas de Costa Rica, algunos costarricenses organizaron una marcha para protestar contra el ingreso de ciudadanos del país vecino, que ellos califican como masivo.

La manifestación, que en un principio iba a ser pacífica, terminó en golpes, disturbios, ofensas y varios detenidos. La policía tuvo que cerrar indefinidamente el parque La Merced, ubicado en el centro de la capital y donde usualmente se reúnen personas de nacionalidad nicaragüense, como medida de prevención.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó en conferencia de prensa que hubo tres focos de violencia, el más caótico en el parque La Merced, y en otros dos puntos de San José, el Parque Central y la plaza de La Cultura.

La policía detuvo en total a 44 personas, algunas con antecedentes criminales. De ellas son 38 costarricenses, seis nicaragüenses y seis menores de edad cuya nacionalidad no trascendió.

"Varias personas se presentan al lugar con consignas y durante las consignas proceden a agredir a algunas personas de los alrededores. Algunos sujetos tenían esvásticas en la ropa y cuerpos, situación que no pertenece a la idiosincrasia costarricenses y que nos preocupa", declaró el ministro de Seguridad.

Soto indicó que el grupo de manifestantes se formó a través de redes sociales y contaba en sus filas con integrantes de ideologías anárquicas y filosofía nazi, así como pertenecientes a barras de fútbol.

Las autoridades también informaron del decomiso de 13 armas blancas y ocho bombas molotov.

Los discursos de xenofobia aumentaron después de que el Organismo de Investigación Judicial indicara que un nicaragüense podía ser el responsable del asesinato de una turista española en la localidad de Tortuguero (Caribe).

Además, han circulado noticias falsas sobre la quema de una bandera de Costa Rica por parte de nicaragüenses, así como hechos delictivos en los cuales incriminan falsamente a ciudadanos de Nicaragua, lo que ha incentivado la violencia hacia esa población.

"Para evitar que la situación de violencia crezca vamos a cerrar indefinidamente el parque La Merced y va a estar custodiado por la policía. Entre las medidas realizaremos operativos en los alrededores sobre migración ilegal (...) Vamos a evitar brotes de violencia, es nuestro deber mantener el orden público", dijo Soto.

El Gobierno de Costa Rica indicó que trabaja en acciones coordinadas para garantizar la seguridad nacional y para atender los flujos migratorios que se dan en su país.

Costa Rica es un pequeño país de 4,9 millones de habitantes y cerca del 8 por ciento de su población es inmigrante, la mayoría nicaragüenses.

Tras la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, las autoridades costarricenses han reportado un incremento exponencial de solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país.

Datos oficiales divulgados hoy indican que desde junio un total de 23.000 nicaragüenses han solicitado refugio en el país vecino. Sin embargo, el 80 por ciento son personas que llevan varios años viviendo en Costa Rica y no pueden considerarse como refugiados.

Rechazan en Nicaragua los señalamientos del Gobierno contra la CIDH.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) rechazó hoy lo que consideró "afirmaciones inexactas y descalificaciones calumniosas" del Gobierno de Nicaragua en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por sus reportes sobre la crisis sociopolítica que vive el país.

El CENIDH condenó y rechazó "enérgicamente" el Informe Evaluativo del Gobierno, "en el cual emite una serie de insultos, afirmaciones inexactas y descalificaciones calumniosas en contra de la labor que viene realizando la CIDH, en nuestro país", resaltó la organización humanitaria en un comunicado.

El sábado, el Gobierno nicaragüense, en un informe emitido a través de la Cancillería, calificó de "parcializada y politizada" a la CIDH por sus informes sobre la crisis del país desde el 21 de mayo pasado, los que calificó de "manipulados".

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

De acuerdo con el más reciente informe de la CIDH, al menos 317 personas han muerto en Nicaragua como producto de la crisis, pero el Gobierno solo reconoce 198, mientras que otros organismos humanitarios cuentan hasta 448.

El Ejecutivo nicaragüense afirmó que el primer informe de la CIDH está basado "en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas".

Según el CENIDH, el informe de la CIDH "contiene evidencias sustentadas de graves violaciones de derechos humanos cometidos en nuestro país a partir del 19 de Abril".

El CENIDH remarcó que la CIDH cumple "con su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas", y valoró su actuación como "eficaz y oportuna".

También señaló que el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) "está cumpliendo a pesar de los obstáculos gubernamentales sus funciones" por parte del Gobierno de Nicaragua.

El Gobierno emitió los señalamientos dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, que da seguimiento a las investigaciones de los actos de violencia, mostró públicamente su preocupación por la negativa del Estado nicaragüense a brindar información.

El CENIDH criticó el "lenguaje descalificador" del Gobierno contra la CIDH, "con lo cual han creído tender una cortina de humo para evadir las responsabilidades con que han incurrido al violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses", agregó.

Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

jueves, 16 de agosto de 2018

Expertos instan al Gobierno a facilitar información de la violencia en Nicaragua

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) instó hoy al Gobierno de Nicaragua a facilitar información sobre la violencia ocurrida entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que ha dejado centenares de muertos.

"El GIEI insta al Gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades, el plan de reparación y la demás información solicitada oportunamente", según un documento de ese equipo, leído por el italiano Amerigo Incalcaterra, experto en derechos humanos.

Ese grupo, al no recibir hasta ahora esa información, dejó sentada "su preocupación por esta situación, la cual repercute negativamente en las tareas" encomendadas al mismo, continuó.

El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Managua, para investigar las muertes en las protestas iniciadas en abril pasado.

Los miembros del GIEI solicitaron información oficial -tanto oral como escrita, el mismo día que se conformó este ente- a las máximas autoridades de la Cancillería, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, entre otros, dijo Sofía Macher, integrante del Grupo y exvicepresidenta de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú.

Otro de los miembros, el argentino Pablo Parenti, aseguró que hasta ahora no han tenido acceso "a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo".

"Si no contamos con nuestra información, nuestra tarea se ve seriamente limitada", advirtió.

Según sus integrantes, sin la información del Estado será muy difícil cumplir con las funciones establecidas en el acuerdo entre el Estado de Nicaragua, la OEA y la CIDH, "y poder dar conclusiones", porque está faltando "una parte muy importante de la información, sin la cual no sería serio avanzar en conclusiones".

Hasta ahora el GIEI, integrado por cuatro especialistas y que tiene seis meses para emitir un informe final, ha entrevistado a familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, medios de comunicación, personalidades académicas y sociales y cuerpo diplomático en Nicaragua.

"La labor realizada hasta el momento corrobora la necesidad de contar con información sustancial, la que se encuentra en poder de las instituciones nacionales", explicó ese grupo.

Por su lado, en el seno de la OEA se acordó que Canadá y Chile coordinen el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones para la crisis.

Dicho grupo, integrado por 12 países, quedó instalado con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó en Twitter el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La creación del Grupo de Trabajo fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.

El Grupo de Trabajo -integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú- busca respaldar el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia católica y que actualmente está estancado.

Hoy mismo, la mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una declaración de rechazo al Grupo de Trabajo llamada "Rechazo al injerencismo", en la que respaldan la decisión del Ejecutivo de no recibir a dicha Comisión en el país.

El propio presidente del país, Daniel Ortega, emitió ayer una declaración para comunicar oficialmente su negativa a recibir al Grupo de Trabajo, al que calificó de "Comisión injerencista".

Mientras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el "acoso" y "grave retroceso" que sufre la libertad de prensa en Nicaragua por parte de las autoridades y organismos policiales y pidió a Ortega el "cese de la violencia y agresiones" contra periodistas.

La Radio Corporación, una de las más escuchadas en Nicaragua, denunció que grupos afines a Ortega ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares "por la cabeza" de su corresponsal Yilber Idiáquez,

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de acuerdo con las últimas cifras de la CIDH, mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 198.

Acusan por terrorismo a detenidos en Matagalpa.

La Fiscalía General de la República presentó acusación por terrorismo y exposición de personas al peligro contra los cinco detenidos señalados de participar en la muerte de Lenín Díaz Mendiola, ocurrida en una balacera durante una marcha cívica el pasado 11 de agosto en Matagalpa.

La acusación fue presentada ante el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de la capital, Abelardo Alvir Ramos.

Los acusados son Abdul Montoya Vivas, de 60 años; Jhon Amort Paiz, de 52;  Rogelio Gámez Martínez, de 52 y Noel Valdez Rodríguez, de 48 y Óscar Avilés Rocha de 26.

En el escrito acusatorio se asegura que fue Abdul Montoya quien disparó por la espalda a Lenín Díaz Mendiola, con un pistola calibre nueve milímetros, por lo cual también enfrenta cargos por asesinato.

“La bala disparada a una distancia de 13 a 16 metros en su recorrido perforó los dos pulmones y el corazón de la víctima”, señala la acusación fiscal.

La defensa de los cuatros acusados fue asumida por abogadas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Mientras, el abogado Noel Valdez Rodríguez, también es acusado de provocar lesiones de heridas graves de bala en la espalda y el cuello en perjuicio de Rogelio Gámez Martínez, a quien supuestamente le disparó, cuando Gámez trataba de auxiliar a Díaz Mendiola, según el alegato de la Fiscalía.

Los cinco acusados, de los cuales cuatro están presos, habrían disparado contra quienes estaban en la Alcaldía de Matagalpa la tarde del sábado 11 de agosto, según el ente acusador.

Díaz Mendiola es identificado por las autoridades del gobierno de Nicaragua como hijo de la militante histórica del Frente Sandinista, Benigna Mendiola.

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