Un grupo de medios de Nicaragua presenta un recurso de amparo por la confiscación de sus bienes

Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación críticos con el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, presentó hoy un recurso de amparo contra la ocupación y "confiscación ilegal" que la Policía realizó a las empresas Promedia e Invermedia.

Entre el viernes y el sábado pasado la Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que pertenecen a las empresas Promedia e Invermedia.

"Yo vengo aquí blindado, vengo blindado por la moral de mi padre", el periodista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, "y la de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro", que fue presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997, dijo Chamorro a los periodistas en el Centro Judicial de Managua, donde presentó el amparo.

"Eso (la moral de mis padres) es lo que me protege a mí para estar aquí. Esos valores, esa herencia con la que los nicaragüenses tenemos que ser consecuentes", continuó.

Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot, interpuso el recurso de amparo ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua.

"Hoy estamos recurriendo a un derecho constitucional que es el derecho al amparo por la violación de múltiples derechos constitucionales: derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión", argumentó el periodista.

Chamorro denunció que esos derechos "están siendo aplastados con el cierre por la vía de facto de estos medios de comunicación al ocupar su redacción".

"Aunque seguimos transmitiendo y seguiremos reporteando aunque ellos (la Policía) tengan controlada nuestra redacción", señaló.

"Es un asalto también al derecho a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional de los ciudadanos y es también un asalto en contra del derecho a la privacidad, porque en este robo que perpetró la Policía no solamente han incautado equipos de producción y de transmisión de medios de comunicación, sino también documentación privada", acusó.

Según Chamorro, el Gobierno quiere vincular el grupo de medios con la ONG Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del que fue su director, y a la que el Parlamento quitó la personalidad jurídica.

Sin embargo, sus oficinas quedan en otro lugar distinto a la sede donde funcionan las revistas digitales.

Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista, que también fue ocupada por la Policía.

El abogado de Chamorro, Lester Mendoza, explicó que están solicitando al Tribunal de Apelaciones que admita el amparo y ordene de inmediato la suspensión del acto.

"Es decir, la suspensión de la ocupación por la vía de la fuerza militar del edificio" y la devolución de los bienes materiales y los bienes personales.EFE
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