Polémica en Nicaragua por financiamiento del BCIE a la Policía.

La publicación de una licitación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar a la Policía Nacional de Nicaragua ha abierto una polémica en el país, que está inmerso en una grave crisis desde abril del año pasado y que ha dejado cientos de muertos y detenidos.

A raíz de esa publicación, representantes de grupos opositores nicaragüenses anunciaron que solicitarán a la Asamblea de Gobernadores del BCIE la anulación del financiamiento a la Policía Nacional, debido a su participación en supuestas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas callejeras que se desataron desde el 18 abril de 2018.

Por su lado, sectores oficialistas han emprendido una campaña contra el economista Juan Sebastián Chamorro, uno de los delegados de la opositora Alianza Cívica en una mesa de negociación con el Gobierno de Daniel Ortega, con la que esperan superar la crisis, por sumarse a la iniciativa para que el BCIE deje de financiar a la fuerza de seguridad, a la que califica como "represiva".

"Que se le quite el financiamiento a la Policía Nacional en nada afecta a las familias nicaragüenses, ni a los más pobres, ni el bienestar. Les afecta su capacidad represiva", sostuvo Chamorro.

A su juicio, no es correcto que el BCIE, que es una institución para promover el desarrollo y la reducción de la pobreza, "se preste para financiar el apertrechamiento, el financiamiento a una organización que está sindicada como criminal, como una organización que ha cometido crímenes contra la ciudadanía, una situación que ha quedado demostrada".

Observó que los mismos documentos de las licitaciones del BCIE de un proyecto denominado "Adquisición de medios de transporte para fortalecimiento de capacidades operativas de la Policía Nacional" refiere que el destino de los fondos "incluye prácticas coercitivas" y, por tanto, "no debería entonces ser beneficiada".

Según la oposición, la financiación a una institución "señalada por organismos internacionales como violadora de derechos humanos" no se corresponde con los objetivos por los cuales fue fundado el BCIE.

La Policía de Nicaragua es dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El jefe policial fue sancionado el pasado 5 de julio por Estados Unidos por "la violencia perpetrada por el Gobierno de Ortega contra su pueblo".

EE.UU. considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.

En tanto, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado a la Policía nicaragüense de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.

En un comunicado, el BCIE apeló "por una solución pacífica en el marco del diálogo en la sociedad nicaragüense en apego a los derechos humanos, con el apoyo de otras agencias especializadas en esta materia", sin referirse al proyecto de la Policía Nacional.

Explicó que el BCIE es un órgano colegiado e integrado por los representantes de los países socios, quienes aprueban todas las operaciones de crédito, "las que reflejan los acuerdos entre sus Estados miembros, con el compromiso de apoyar a sus ciudadanos, mientras se respeten y se cumplan todos los criterios técnicos, legales, evaluación de riesgo y seguimiento, aplicados en todas sus operaciones".

En las redes sociales, los opositores al Gobierno de Ortega han criticado que uno de los gobernadores del BCIE es el salvadoreño Guillermo Funes, hermano del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), acusado por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal y quien se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016.

El BCIE es el único organismo multilateral que ha desembolsado dinero al Gobierno de Ortega desde que estalló la crisis, según la oposición.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.