Opositores creen que su plan facilitaría recursos a Nicaragua ante la COVID-19

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no tiene otra alternativa que implementar un plan de 42 acciones en ocho áreas políticas, presentado por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para acceder a recursos que permitan enfrentar la pandemia de COVID-19, afirmaron este jueves los dirigentes del movimiento disidente.

El presupuesto de Nicaragua para la adquisición de medicamentos era de unos 44,5 millones de dólares antes de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, que causa el padecimiento de la COVID-19, es insuficiente y no ha cambiado desde entonces, por lo que el plan de la Alianza Cívica muestra opciones a Ortega para incrementar los fondos internos para salud, y acceder a desembolsos externos, según los disidentes.

La propuesta opositora incluye una reforma al Presupuesto General de la República, cambios tributarios, realizar pruebas masivas de la COVID-19, una moratoria de pagos de deudas y servicios, la liberación de los “presos políticos”, el restablecimiento de los derechos constitucionales, entre otras demandas.

“Ortega debe entender que, si adopta esas medidas, daría una impresión favorable a los organismos de financiamiento internacional, y tendría acceso a fondos para enfrentar la pandemia”, dijo a Efe el coordinador nacional de la Alianza Cívica y exdiplomático, Carlos Tünnermann.

Hasta hace dos días Ortega, al que la oposición califica de dictador, era uno de los pocos gobernantes en el mundo que no había puesto restricciones ni establecido medidas de prevención social ante la pandemia, y solamente el martes pasado aceptó el uso de mascarillas, la práctica de distanciamiento social, y la desinfección de lugares públicos.

CUESTIÓN DE IMAGEN

La posición de Ortega frente a la COVID-19, sumada a decisiones políticas previas que han causado sanciones económicas a parte de su gabinete, allegados y familiares, por “graves violaciones a los derechos humanos”, ha deteriorado su imagen ante el mundo, según sus críticos, por lo que seguir el plan de la oposición sería una muestra de flexibilidad, indicaron.

El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, agregó que, de hecho, Ortega, quien ha dicho que su prioridad es sostener la economía, ya está reaccionando a los reclamos de la sociedad nicaragüense, y a las advertencias de los médicos y científicos locales, sobre el peligro que representa la pandemia.

“Es porque también estamos haciendo el llamado para que protejamos a esa persona, al cliente, a ese pequeño empresario, a ese comerciante informal, que tomen medidas que aseguren la prevención de higiene adecuada”, señaló Chamorro.

Chamorro afirmó que, si Ortega implementa las demandas opositoras y muestra transparencia en el manejo de los recursos, no debería tener problemas para obtener financiamiento exterior clave para enfrentar el nuevo coronavirus, ya que la ayuda humanitaria es prioridad.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua únicamente reconoce 14 casos de COVID-19, que han causado la muerte a cuatro personas.

El manejo de Ortega sobre la pandemia ha causado preocupación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), por ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recordado al Gobierno nicaragüense respetar el derecho a la salud.

Nicaragua lleva dos años bajo una profunda crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100.000 exiliados, algo que no se repetía desde los años 1980 a 1990, también bajo la presidencia de Ortega.