Crisis e impunidad atizan femicidios en Nicaragua.

El sábado 25 de enero, Josseling Pineda se despertó antes de las cinco. Salió de su casa feliz, porque estaba lista para rendir un examen que le permitiría estudiar idiomas en la universidad. Caminó unos metros y abordó un taxi, pero jamás llegó a clase. Al día siguiente, la madre reconoció su cuerpo sin vida, lleno de moretones, tendido entre unos matorrales.

El asesinato de la estudiante de 17 años es uno de los seis femicidios denunciados en Nicaragua en el primer mes de este año. Ellas se suman a más de 60 mujeres, de distintas edades y oficios, que fueron asesinadas durante 2019 como parte de una tragedia colectiva que cada año parece agravarse.

Unos días antes de la muerte de Josseling fueron asesinadas Luisa Mejía, de 32 años, y Ruth Aburto, de 22. La primera estrangulada por un desconocido y la segunda a manos de su marido, que le fracturó el cráneo antes de acuchillarla. No había terminado enero cuando otras dos mujeres y una niña corrieron igual suerte.

Según la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el año 2019 fue el más violento para las mujeres nicaragüenses. La mayoría de los 63 feminicidios reportados quedaron impunes y al menos 30 acusados están prófugos.

"La escalada de violencia general, y de los feminicidios como la máxima expresión de violencia contra las mujeres, es producto de la impunidad que impera en el país”, afirmó en entrevista con DW la abogada feminista Rosario Flores, especialista en el tema.

Para Flores, "en Nicaragua han colapsado el sistema de justicia y el Estado de Derecho, y eso lleva a los agresores a pensar que tienen luz verde para asesinar”.

Crisis agravó la violencia

La situación de indefensión de las mujeres aumentó tras las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que estallaron en abril 2018 y que fueron reprimidas por la Policía y paramilitares con un saldo de 328 muertos, cientos de detenidos y 2.000 heridos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Casi 80 mujeres fueron encarceladas injustamente por participar en protestas y todas sufrieron algún tipo de violencia física, sexual y/o psicológica a manos de agentes del Estado”, señaló Flores, quien da acompañamiento legal a mujeres agredidas y a familiares de víctimas de feminicidio.

El gobierno, que según la oposición aún retiene a más de 65 "presos políticos”, liberó a 5.500 reos comunes entre 2018 y 2019, indican datos oficiales. Muchos habían sido condenados por delitos como robo con fuerza, asalto a mano armada y violación sexual.

"Miles de delincuentes salieron sin cumplir un cuarto de su condena”, dijo la abogada. Agregó que, sumado a ello, por la actuación violenta que asumió desde las protestas, la Policía hoy genera miedo: "Muchas mujeres dicen que temen interponer una denuncia y caer presas, si tal vez participaron en alguna marcha”.

Denuncias son silenciadas

Las otras víctimas reportadas en enero son las campesinas Martha Gómez y Domitila Espinoza, asesinadas a golpes por sus propios hijos. El primero alegó que su madre era "bruja” y el segundo dijo que escuchó "voces” que lo hicieron atacarla. Antes de terminar el mes, un niño de 10 años mató a su prima de 9 con un rifle calibre 22 porque "lo llamó por un mal apodo”.

Al menos 630 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua durante la última década, a un promedio de 63 por año, según la organización CDD. Aunque en 2012 fue aprobada, la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres) quedó debilitada por una reforma que introdujo un "trámite de mediación”, mediante el cual las víctimas se ven forzadas a conciliar con sus agresores, que luego las matan.

Simultáneamente, Ortega clausuró las Comisarías de la mujer, instancias adscritas a la Policía que el gobierno de su antecesor, Enrique Bolaños, creó para denunciar e investigar delitos de género.

Según la socióloga feminista María Teresa Blandón, existe una "estrategia” oficial que busca conminar a las mujeres a mantener silencio y a no exigir justicia, a fin de mostrar una falsa disminución de los índices de violencia.

 "Tratar de minimizar el problema y aparentar unos avances que no existen, forma parte de una estrategia discursiva por parte del régimen Ortega-Murillo”, dijo Blandón en declaraciones a la prensa.

"Mujeres por la vida”

A inicios de febrero, mientras las fotos de mujeres muertas colmaban las redes sociales, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció la reapertura de las Comisarías de la mujer y la campaña oficial "Mujeres por la vida”, para promover, según dijo, "el amor y el cariño".

"Desde nuestra condición de mujeres dignas y valientes, nos pronunciamos para que nuestro país sea libre de toda forma de intolerancia, falta de consideración, humillación, crueldad, degradación psicológica o física contra nosotras las mujeres”, dijo Murillo a la televisión estatal.

El presidente Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, han sido acusados por la oposición de ser responsables por la muerte de cientos de personas en las protestas de 2018. (Foto archivo, 05.09.2018)

Para los juristas, el cierre de las Comisarías de la mujer fue "letal” porque eran la puerta de acceso al Estado para denunciar delitos contra las mujeres. Sin embargo, ahora ven en su anunciada reapertura una "estrategia de maquillaje” que plantea nuevas alarmas.

 "¿Quiénes son los oficiales que estarán al frente de esas Comisarías? ¿Qué seguridad habrá para las mujeres que presenten una denuncia y qué garantías tendremos nosotros para defenderlas?”, se preguntó la abogada Rosario Flores.

"Si antes de 2018 las mujeres sufrían abandono y omisión de auxilio por parte del Estado, ahora correrán más peligro, dependiendo de quién sea su agresor y qué vínculos tenga con el gobierno o con la Policía”, advirtió.