El Gobierno de Nicaragua responsabiliza a la alianza opositora de la crisis.

El Gobierno de Nicaragua señaló hoy a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como responsables de la crisis en la que está inmersa el país y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y miles en el exilio.

En una declaración, el Ejecutivo de Daniel Ortega acusó a la Alianza Cívica, que es su contraparte en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis, de haber dirigido, financiado y coordinado en 2018 las protestas callejeras contra el Gobierno.

La Administración de Ortega hizo esos señalamientos a la alianza opositora, integrada por empresarios, estudiantes y miembros de la sociedad civil, debido a que se oponen a hacer un llamado conjunto ante la comunidad internacional para suspender eventuales sanciones contra Nicaragua.

"Recordemos que son los mismos personajes, que el año pasado se negaron, una y otra vez, a levantar los tranques (bloqueos de vías) de la muerte, siendo por lo tanto, identificados por nuestro pueblo, como responsables y culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en ese período, en nombre de la democracia", apuntó el Ejecutivo.

El Gobierno señaló que esas mismas personas, aglutinadas "en siglas huecas", son los que promovieron en el fallido diálogo nacional -que tildó de teatro- que se desarrolló entre mayo y julio del año pasado, "un linchamiento escenificado" y que "a sangre y fuego impusieron el acuartelamiento de la Policía Nacional".

"Recordamos que a raíz de esa imposición interesada y absurda, se cometieron las mayores tropelías, incluyendo muerte, quemas, secuestros, torturas, perversión y ritos satánicos, demonistas, en el mejor estilo de la inquisición, invocando, además, prácticas exorcistas, con prepotencia e irrespeto por la inteligencia de los nicaragüenses", continuó.

En el documento, el Gobierno denunció "nuevamente ante el mundo y ante todo nuestro pueblo, la grave maquinación mediática con la que acompañaron sus prácticas de odio y ambición".

"Con furia y farsa mediáticas, fabricaron y publicaron noticias falsas y se jactaron impúdicamente, de sus crímenes, dejando huellas imborrables de su filibusterismo, para la historia de la vergüenza, y de la ilusa pretensión de arrodillar, con ultimátums irrisorios, al pueblo nicaragüense", añadió.

En el escrito también denuncian "todas las prácticas perversas, de humillación, crueldad, degradación, racismo e infamia terrorista que conocimos, padecimos, y derrotamos, durante el intento fracasado de golpe de Estado".

"Estas prácticas golpistas fueron dirigidas, financiadas, y coordinadas con aplicadísima vigilancia, por quienes hoy desde la mesa, pretenden seguir imponiendo sus vicios, olvidándose de que Nicaragua venció, y la razón y la verdad, seguirán venciendo", siguió.

Asimismo, el Gobierno anunció que no cederá en su demanda de reparación "por las acciones económicas extraterritoriales, arbitrarias e injustas contra Nicaragua".

El gobierno de Ortega ha pedido la suspensión de la "Nica Act", una ley estadounidense que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.

La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.