HRW pide sanciones y juicios contra Ortega y otros altos cargos de Nicaragua

Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) y los países de América que sancionen y enjuicien por torturas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos cargos, a los que responsabiliza de un "patrón de abusos sistemáticos" contra los activistas.

La ONG presentó hoy un informe de 107 páginas, titulado>> "Brutal represión", en el que exige responsabilidades a siete altos cargos del Ejecutivo nicaragüense -incluido Ortega- por los "abusos aberrantes" que supuestamente perpetraron desde abril de 2018, cuando comenzaron unas protestas que han dejado centenares de muertos.

Para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, el mandatario nicaragüense y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, son los "máximos responsables" de los abusos.

"Creo que es importante mantener la presión. Ortega y su mujer son personajes que entienden un único lenguaje y ese es el de la presión internacional", dijo a Efe el experto.

En opinión de Vivanco, una de las maneras más efectivas de presionar a la pareja presidencial es el "bolsillo", es decir, implementar un cerco económico a nivel internacional que congele cualquier activo financiero fuera de las fronteras de Nicaragua y que, incluso, les impida viajar a otros países.

En su reporte, HRW reclama el mismo castigo para otros seis altos cargos, incluido el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el subdirector, Ramón Avellán, y el inspector general de la Policía Nacional, Justo Pastor Urbina, que jugó un "papel central" en la "represión".

Asimismo, el grupo propone a las naciones signatarias de la Convención contra la Tortura de la ONU que, en la medida en que lo permita su sistema de derecho interno, hagan un esfuerzo para juzgar a los acusados de torturas aplicando el principio de justicia universal.

A juicio de Vivanco, esa acción permitiría poner fin a la "impunidad", que se ha convertido "en la regla".

De hecho, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU ha indicado que, según la información disponible, solo se ha dictado una condena contra un miembro de una banda armada partidaria del Gobierno y no se ha iniciado ninguna investigación contra miembros de la Policía por supuestos abusos.

Por otro lado, HRW también exige que se suspenda cualquier ayuda financiera a la Policía de Nicaragua hasta que haya investigaciones "creíbles, imparciales y exhaustivas" sobre su comportamiento.

"Lo que ocurre -argumentó Vivanco- es que la Policía nicaragüense es, junto a unos delincuentes parapoliciales, uno de los principales responsables de la comisión de hechos atroces, que van desde ejecuciones y desapariciones hasta torturas, en un tiempo récord y frente a una población indefensa".

En su reporte, la ONG detalla que, durante 2018, la Policía nicaragüense obtuvo aproximadamente 3 millones de dólares, de los que solo 14.600 dólares provinieron de las arcas del Estado, mientras que la UE aportó 1,2 millones de dólares y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio 1,6 millones.

Además, HRW asegura que la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de España donó unos 220.000 dólares.

Una vez que comenzó la crisis en Nicaragua, la UE y la AACID suspendieron sus ayudas.

En concreto, en mayo, la UE canceló un programa de cooperación policial que había comenzado en 2014, anunció que no prorrogaría el proyecto destinado a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, además, pidió al Ejecutivo nicaragüense que devolviera los 3,5 millones que no había ejecutado.

Mientras tanto, un representante de la AACID informó a HRW que la agencia no efectuó ningún desembolso en abril de 2018 (cuando comenzaron las protestas) y tampoco en mayo ni junio y, además, en julio suspendió el proyecto, destinado a fortalecer las actividades policiales de prevención dirigidas específicamente a jóvenes.

Por otro lado, el BCIE no especifica en su portal web la cantidad de fondos otorgados a Nicaragua en 2018, pero el presidente ejecutivo del banco, Nick Rischbieth, indicó en noviembre a la ONG que la mayor parte del dinero se dedicó a "proyectos de salud o al desarrollo de infraestructura", sin ofrecer más detalles.

No obstante, según Vivanco, hay países que han iniciado nuevos convenios con Nicaragua, como Taiwán, que en diciembre de 2018 donó 3 millones de dólares a la Policía.

HWR elaboró su informe a partir de entrevistas a 75 personas, incluidas 17 presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos atribuidas a la Policía y las bandas armadas, 21 familiares de víctimas y 34 testigos.

Algunos de los altos funcionarios públicos que tienen responsabilidad por gravísimas violaciones de derechos humanos y deberían ser objeto de sanciones individuales, como la prohibición de ingreso a otros países y el congelamiento de activos, son los siguientes:


  • El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
  • La general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018;
  • El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y luego en su cargo actual;
  • El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías bajo su mando junto con bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
  • El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, que tiene la obligación, según el derecho nicaragüense, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables; 
  • El General Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel El Chipote, uno de los principales lugares donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno;
  • El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. 

FUENTE: HRW
HRW pide sanciones y juicios contra Ortega y otros altos cargos de Nicaragua HRW pide sanciones y juicios contra Ortega y otros altos cargos de Nicaragua Reviewed by RVN on 6/19/2019 07:57:00 a. m. Rating: 5

1 comentario

  1. Castigo y orden de CAPTURA internacional par todos 3stos asesinos y para sus seguidores..que sientan en carne propia lo q pasaron nu3str@s herman@s.

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