Instan a la Justicia de Nicaragua a suspender un proceso contra defensora de DD.HH.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) llamó este lunes a la Justicia de Nicaragua a respetar y suspender el proceso contra una de sus defensoras, quien enfrenta un juicio pese a ser beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Llamamos a la Justicia de Nicaragua a suspender este proceso, la defensora María Oviedo tiene medidas cautelares por la CIDH y de protección por parte de la CorteIDH (Corte Interamericana de Derecho Humanos)", dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en una declaración pública.

Oviedo, quien es acusada de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, admitió que abofeteó a un oficial de la Policía de Nicaragua pero explicó que se trató de una reacción ante un agente que la tocó de manera inapropiada.

La CPDH sostiene que el Gobierno de Nicaragua mantiene una "estrategia" para arrestar a los defensores de los derechos humanos, con el objetivo de "continuar reprimiendo al pueblo", en medio de la crisis sociopolítica en el país.

Además de Oviedo, otros cinco activistas de la CPDH han permanecido hasta un año tras las rejas por denunciar supuestos abusos del Gobierno y al menos dos integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) han sido señalados de delitos graves por el Gobierno.

Aunque Oviedo fue excarcelada el domingo, luego de pasar dos días bajo arresto, la defensora deberá presentarse a juicio el 7 de agosto próximo.

Tanto la abogada como la CPDH sostienen que el verdadero infractor fue el oficial de Policía, quien antes de tocar a la mujer y recibir la bofetada supuestamente actuó con violencia contra la defensora.

La acusación contra la defensa de los derechos humanos se da en el marco de una crisis que, según la CIDH, ha dejado 326 muertos en 15 meses. Organismos locales cuentan hasta 594 y el Gobierno reconoce 200.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Daniel Ortega, al que responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018.