Cancillería de Nicaragua envía "enérgica condena" a Costa Rica por el asesinato de un nicaragüense

La Cancillería de Nicaragua reclamó este miércoles al Ejecutivo de Costa Rica por el asesinato en ese país de un nicaragüense y la captura "de forma violenta" de otros cinco de sus ciudadanos.

"El Gobierno de la República de Nicaragua presenta su más enérgica condena al Gobierno de la República de Costa Rica y exige las investigaciones y sanciones correspondientes para quienes asesinaron al ciudadano nicaragüense Henry Ruiz López", señaló la Cancillería en una declaración.

También exigió investigar y sancionar a los responsables de capturar "de forma violenta a cinco ciudadanos nicaragüenses", de quienes Managua exigió su "libertad inmediata".

En nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, la Cancillería de Nicaragua indicó que esos "hechos criminales" ocurrieron cerca de la medianoche del lunes pasado en un lugar conocido como Parcelas de Villa Hermosa, ubicado a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua, en el sector de Upala, provincia de Alajuela, Costa Rica.

Según el Gobierno nicaragüense, 14 miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica, "haciendo uso excesivo de la fuerza y utilización indebida de armas de fuego, ocasionaron la muerte" del nicaragüense Henry Ruiz López, de 45 años.

También la "captura violenta" de cinco ciudadanos nicaragüenses más de apellidos Ramos Barahona, Ramos Cárdenas, Ramos, Ruiz Ramos y un menor de edad.

"Este abuso en el uso de la fuerza y armas de fuego no estaba justificado por cuanto el ciudadano nicaragüense fallecido y los ciudadanos nicaragüenses detenidos no portaban armas de fuego ni agredieron o amenazaron en ninguna forma la vida y la integridad física de los miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica o de otras personas que pudieran encontrarse en el lugar", argumentó la Cancillería de Nicaragua.

El Ejecutivo nicaragüense señaló que "esta actuación condenable contraviene el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979"

Costa Rica y Nicaragua mantienen frías relaciones desde 2010 debido a tres casos que fueron elevados a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, dos de estos por problemas limítrofes.

De acuerdo con información oficial de las autoridades costarricenses, la noche del lunes, 14 efectivos del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) se encontraban destacados en la margen del río Niño en labores de vigilancia, pues se había recibido información confidencial de que varias embarcaciones estarían ingresando con mercadería de contrabando procedente de Nicaragua.

A las 11:22 p. m. los policías observaron cinco botes que venían desde el sector fronterizo con Nicaragua hacia Upala.

Los oficiales les dieron la orden de alto, pero los ocupantes de las embarcaciones al parecer abrieron fuego, razón por la cual los policías respondieron.

Tres de los botes se detuvieron y luego se acercaron a donde estaban los policías. Otra embarcación prosiguió y se detuvo a unos 100 metros de distancia; la quinta escapó.

Cuando los policías llegaron hasta el bote que estaba a unos 100 metros, hallaron a una persona herida en las dos piernas.

Según la versión oficial, los agentes llamaron a la Cruz Roja. Sin embargo, al llegar al sitio, los socorristas determinaron que el hombre se encontraba sin vida.

Seguridad Pública confirmó que en los botes transportaban mercadería de contrabando, la mayoría se trata de abarrotes. El caso fue puesto a la orden del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público.

Al final del operativo, se detuvo a cinco personas de nacionalidad nicaragüense que iban a bordo de los botes.

La Policía Judicial los identificó como de apellidos Ramos Barahona, de 22 años; Ramos Cárdenas, de 25; Ramos, de 43; Ruiz Ramos, de 27 y un menor de edad.

Los nicaragüenses serán puesto a la orden del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica. Al mismo tiempo, se procedió al decomiso de las 14 armas que utilizaron los oficiales de la Fuerza Pública.