Comité Pro Liberación de Presos Políticos pide permiso para marchar la próxima semana

El denominado Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua informó este miércoles que ha pedido permiso a la Policía Nacional para celebrar una marcha el próximo día 11 a favor de la liberación de los opositores que aún están detenidos por protestar contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

La directiva de ese Comité entregó este miércoles la notificación a la Policía Nacional para la realización de ese marcha, que tiene como fin, además de "exigir la libertad de todos los presos y presas políticos", el cumplimiento de los acuerdos suscritos en marzo entre el Gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el marco de una mesa de negociación.

Ese Comité aseguró que la Policía no quiso dar como recibido esa notificación, ni les permitieron el ingreso a la sede de la Policía Nacional, aunque un oficial les quitó los documentos y copias que llevaron para pedir el permiso a marchar.

En el documento, ese Comité proponer celebrar la marcha el miércoles 11 de septiembre a partir de las 14.00 horas (20.00 GMT) desde Plaza El Sol, frente a la sede de la Policía Nacional, y culminar en las afueras de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), una de las principales vías de Managua.

Entre otros, ese Comité pide la liberación de al menos 128 opositores, que se permita la libertad de movilización, así como el cese a la represión, la persecución y el asedio a los cientos de excarcelados que fueron beneficiados por una polémica Ley de Amnistía.

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Nacional desde septiembre de 2018, cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan.

Desde entonces ha denegado los permisos que han solicitado organizaciones cívicas, empresa privada, estudiantes, entre otros.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.