Policía irrumpió en centro comercial ante protesta contra Ortega y agredió a manifestantes y periodistas.

La Policía de Nicaragua irrumpió este miércoles en el interior de un centro comercial privado de Managua y agredió a manifestantes y periodistas, para evitar una protesta contra el presidente Daniel Ortega, según denunciaron algunos manifestantes y los mismos comunicadores.

Decenas de policías penetraron con violencia en el centro de compras, al detectar que unas ocho personas protestaban contra Ortega, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos, en manifestaciones antigubernamentales.

Al menos cuatro periodistas fueron agredidos por los policías mientras cubrían la protesta, denunció el reportero del Canal 12 de televisión, Armando Amaya, quien resultó lesionado en su brazo izquierdo.

Minutos antes los manifestantes habían alzado la bandera de Nicaragua y gritaron consignas como "¡Dictadura no, democracia sí!", "¡Libertad para los presos políticos!" o "¡Pueblo, únete!".

La protesta tenía como objetivo mostrar rechazo hacia Ortega e invitar a los partidos políticos de oposición que demostraran que están dispuestos a unirse contra el Gobierno de Nicaragua, según dijo la líder estudiantil Zayda Hernández, quien encabezó la manifestación.

Mientras los manifestantes y los periodistas eran agredidos en el interior del centro comercial, policías antimotines se tomaron el estacionamiento y rodearon el local.

Los agentes incluso mantuvieron detenidos a los periodistas en el interior del edificio por un tiempo corto, después de que estos habían dado por terminada su cobertura.

En septiembre pasado el Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) pidió a la Policía Nacional que retirara a sus efectivos de los negocios, ya que estos son privados y los agentes espantan a los clientes, pero su petición no fue escuchada por las autoridades.

Actualmente en Nicaragua es prohibida toda expresión de rechazo hacia Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pese a que la medida contradice la Constitución, según los expertos en leyes.

La crisis ha dejado unos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra hasta 651, y Ortega reconoce 200.

La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis. Al respecto, Ortega afirma que se defiende de un intento de "golpe de Estado".
 


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