Ortega traspasa el hospital de la Policía tras sanción de EEUU a esa institución.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, traspasó este viernes la potestad del Hospital de la Policía Nacional hacia el Ministerio de Gobernación, con el objetivo de evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la institución policial, a la que acusa de violaciones a los derechos humanos.

Esta es la segunda institución que el Gobierno separa de la Policía nicaragüense en las últimas 24 horas, tras las sanciones emitidas por del Departamento del Tesoro estadounidense a dicha entidad.

La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó ayer jueves una petición de Ortega, emitida con carácter de urgencia, para separar de la Policía al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu), que se encarga de las pensiones de los empleados de la institución de seguridad.

"FORTALECER GESTIÓN"

A través de un decreto presidencial, Ortega ordenó que el Hospital Carlos Roberto Huembes, ubicado en el extremo oeste de Managua, sea reintegrado al Ministerio de Gobernación, al que pertenecía antes de ser adjudicado a la Policía Nacional, en junio de 2002.

En el decreto, publicado hoy en La Gaceta, diario oficial, el presidente argumentó que el traspaso del hospital busca “fortalecer su gestión, agilizar su funcionabilidad, y dinamizar sus actividades”.

El hospital continuará atendiendo a empleados de la Policía nicaragüense y del Ministerio de Gobernación, según el decreto presidencial.

La semana pasada Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional de Nicaragua por una serie de violaciones a los derechos humanos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde el levantamiento popular contra Ortega, en abril de 2018.

Según el Departamento del Tesoro, la Policía Nacional es utilizada por Ortega como “herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense”.

SANCIONES PREVIAS

Las sanciones recientes también incluyeron al jefe policial de Vigilancia y Patrulla, Juan Valle Valle; al jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Justo Pastor Urbina, y al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas, quien además tiene a su cargo “El Chipote”, una sede policial señalada como centro de torturas.

Las sanciones congelan los activos en Estados Unidos de los afectados, quienes además no pueden tener ninguna relación financiera con ciudadanos o empresas estadounidenses, lo que los deja fuera del sistema bancario global.

Estados Unidos ya había aplicado sanciones similares al jefe de la Policía nicaragüense, Francisco Díaz, quien es consuegro de Ortega, y al subdirector Ramón Avellán.

Más de una veintena de allegados y empresas relacionados con Ortega han sido sancionados por Estados Unidos, bajo señalamientos de “graves” violaciones a los derechos humanos.

Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio, algo que no se observaba en el país desde los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente.