Opositores rechazan polémica ley de agentes extranjeros

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó este jueves la polémica Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna".

El proyecto, que estaba previsto discutirse mañana fue incluida en el debate de hoy y aprobada por 70 votos de los sandinistas y sus aliados, frente a 17 en contra y 4 abstenciones, dijo el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, en el pleno.

Esa ley clasificará como "agente extranjero" a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua", según el texto.

Serán clasificados como "agentes extranjeros" quienes se dediquen a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnologías de la información y la comunicación u otros.

También quienes, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes de personas naturales, Gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo de naturaleza que sea.

Además, el consultor político, los empleados del servicio de información, y los relacionistas públicos que reciban dinero del extranjero.

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LISTA DE EXCLUIDOS

La nueva ley excluye de clasificar como "agentes extranjeros" a los residentes pensionados y rentistas, y a las personas que reciben remesas familiares.

También a las empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales o sucursales en Nicaragua; las fábricas, industrias y cadenas de supermercados con inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicios; y a las personas que establezcan relaciones comerciales bajo las condiciones de acuerdos, tratados o convenios comerciales.

Además, a los organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y el personal de estas entidades debidamente acreditados en Nicaragua.

Asimismo, excluyen a los medios de comunicación social internacionales y a sus corresponsales, y a las personas jurídicas de carácter religioso que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de Gobernación.

"En caso que las personas exceptuadas por la presente Ley lleguen a realizar actividades que deriven de injerencia de personas naturales o jurídicas, Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicará las disposiciones correspondientes", señala parte del texto.

INHIBIDOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

Los "agentes extranjeros" deberán registrarse ante el Ministerio de Gobernación, que será la encargada de regular, supervisar y sancionar, y no podrán postularse a cargos de elección popular.

La ley advierte que el agente extranjero que no se inscriba, se le aplicará multas, se podrá solicitar la cancelación de su personalidad jurídica, y se le impedirá la realización de sus actividades.

Además, previa autorización judicial, podrá intervenir sus fondos y activos.

Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, expresaron su rechazo a esa ley bajo el argumento de que busca controlar, neutralizar y "criminalizar" a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la prensa no oficial.

Para la opositora Alianza Cívica de Nicaragua, la ley “criminaliza a las organizaciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones que reciben fondos de gobiernos externos” y, además, “viola Derechos Humanos y constitucionales”, han denunciado a través de Twitter.

“La dictadura orteguista, a través de la Asamblea Nacional, aprobó esta conocida como ‘ley Putin’, que es inconstitucional porque violenta las libertades públicas con el objetivo de cercenar la capacidad operativa de organizaciones políticas que se oponen a la dictadura”, ha denunciado el director ejecutivo de la coalición, Juan Sebastián Chamorro, a través de un vídeo difundido en redes sociales.

“Con la aplicación de la Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros la Asamblea Nacional busca silenciar nuevamente a quienes defienden los Derechos Humanos en Nicaragua”, ha lamentado Amnistía Internacional (AI) a través de Twitter.

Esta aprobación confirma que “el Gobierno de Ortega no está dispuesto a detener la represión”, por lo que “la comunidad internacional debe ser enérgica y condenar esta conducta estatal”, ha señalado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

El jueves pasado, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución en la que pide a la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones al Gobierno del presidente Daniel Ortega si aprueba esa ley, más una de ciberdelitos y no se presta a un diálogo nacional sobre una reforma electoral.

Estados Unidos también alertó a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre esa ley y advirtió que Ortega está "acelerando el totalitarismo" en Nicaragua, país que gobierna desde 2007.

Esa ley fue aprobada en el marco de una grave crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, y a menos de 13 meses de que en Nicaragua se celebren elecciones generales.