Tribunal electoral de Nicaragua impide participación de coalición opositora


Este martes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD). Se trata de la única opción con que contaba la Coalición Nacional, conformada por cuatro movimientos y dos partidos políticos, para enfrentar al presidente Daniel Ortega en las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 7 de noviembre en las que Ortega busca otra reelección consecutiva desde 2007. 

La entidad electoral, controlada por los sandinistas, declaró "la cancelación de personalidad jurídica del partido político" PRD, dijo a periodistas el presidente y representante legal de ese colectivo, Saturtino Cerrato. "Vinieron a dejarme una cédula de notificación (del CSE) y dice que resuelve único cancelar la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática", indicó Cerrato, quien explicó que "esas decisiones son inapelables". Cerrato atribuyó la medida a la impugnación hecha la víspera por "supuestos pastores" evangélicos que se presentaron al CSE y acusaron al PDR de "traicionar los valores cristianos", después que ese colectivo confirmara el fin de semana su alianza política con la Coalición Nacional. "Que yo sepa una persona civil y natural no puede impugnar un partido político. 

Ellos ni siquiera son miembros del PRD", señaló Cerrato. La casilla del PRD era la única opción con que contaba la Coalición Nacional (CN, formada por cuatro movimientos y dos partidos que apoyaron las protestas opositoras de 2018) para competir contra Ortega, quien detenta el poder desde 2007 y busca su tercera reelección consecutiva. La decisión del CSE causó revuelo en círculos políticos de la oposición, que la calificaron de "ilegal” y "arbitraria” de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 7 de noviembre.

"La cancelación ilegal de la personalidad jurídica del PRD demuestra el miedo del orteguismo”, dijo en una declaración en redes sociales Ana Margarita Vijil, dirigente del opositor partido Unamos, también miembro de la Coalición Nacional. "Esta Coalición Nacional diversa, beligerante, que ha firmado una alianza electoral de hecho con el PRD le da terror a Ortega”, añadió Vijil, quien pertenece a una familia de disidentes sandinistas. Para el precandidato a la Presidencia por el PRD y periodista Miguel Mora la impugnación sería una "maniobra" de otro bloque opositor, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), después de que fracasara una alianza electoral entre ambas facciones. "Es una maniobra de CxL y es un show mediático para atacar la casilla que ellos consideran su rival", señaló Mora. 

Sin embargo, para la exguerrillera sandinista Dora María Téllez la decisión del CSE, es una orden de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Lo cierto es que la casilla del PRD era la única opción con que contaba la Coalición Nacional, conformada por cuatro movimientos políticos y dos partidos que respaldaron las protestas antigubernamentales de 2018, por lo que sus contrincantes ven fuertemente reducidas las opciones para arrebatar el poder al mandatario.
A juicio de la Coalición, Ortega quiere ejecutar una farsa electoral escogiendo a los participantes", indicó en una declaración ese grupo, "con la resolución arbitraria, inconstitucional e ilegítima" de los magistrados electorales afines a Ortega, el mandatario "solo muestra su terror a enfrentarse a la oposición aglutinada en la Coalición Nacional". 

Asimismo, aseguró que las organizaciones integrantes de ese grupo continuarán "la lucha por la libertad de nuestro país, y no nos detendremos hasta lograrlo", y seguirán organizándose. "La Coalición Nacional seguirá trabajando con más ánimos, más aún cuando la dictadura, con esta monstruosidad jurídica, nos ha confirmado que somos la verdadera piedra en el zapato de los Ortega Murillo", anotó.

ALIANZA CONDENA CANCELACIÓN 

 Por su lado, la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el otro bloque opositor, rechazó y condenó "la arbitraria cancelación de la personalidad jurídica del PRD" por parte del órgano electoral, "mediante una resolución emitida sin observar el debido proceso". 

 "La intempestiva cancelación de un partido político pocos días después de convocadas las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de 2021, lesiona gravemente el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos y pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica que ha caracterizado los procesos electorales durante más de una década", apuntó esa alianza. 

Esa alianza, a la que pertenecen representantes de las patronales y dirigentes estudiantiles, demandó "que se nos permita a los nicaragüenses elegir libre y pacíficamente a nuestros gobernantes en elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas, que son la única vía para superar la grave crisis nacional provocada por la represión y falta de libertades ciudadanas" desde abril de 2018.
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