Parlamento Europeo aprobó con 629 votos resolución sobre Nicaragua

El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que “condena enérgicamente todas las acciones represivas” del gobierno de Nicaragua y pide ampliar la lista de personas y organismos a ser sancionados, incluidos el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta.

La resolución, aprobada en Bruselas con el voto de 629 de los 705 miembros de la Eurocámara, demandó también la “libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, incluidos seis aspirantes presidenciales y otros 20 opositores detenidos en las últimas semanas a sólo cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre.

El texto solicitó “al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense”.

Una treintena de altos funcionarios del gobierno y allegados a Ortega y Murillo, incluidos ella y tres de sus hijos, han recibido sanciones de Estados Unidos Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018.

Sobre la situación de los seis aspirantes presidenciales arrestados, la resolución exigió “que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero” y que garantice “el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos”.

Los familiares de la mayoría de los 26 opositores detenidos dicen no saber dónde están recluidos ni cómo se encuentran, ya que el gobierno ha rechazado el ingreso de sus abogados y denegado los recursos de exhibición personal.

Tras recordar que “Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, los eurodiputados pidieron también activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que enciende las alertas sobre la participación futura del país en dicho tratado.

La Eurocámara también instó a garantizar que la ayuda de los programas de desarrollo de la UE “llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar el impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria”.

Esto es lo que pide el Parlamento Europeo en la Resolución:

Expresa su solidaridad con la población de Nicaragua y condena firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, así como contra sus familiares, y especialmente las muertes que han provocado; pide que se ponga fin inmediatamente a la imposición de medidas restrictivas, la represión y las violaciones de los derechos humanos, y pide que se rindan cuentas por las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018.

Solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los candidatos a la Presidencia. Por otra parte, exigen que se garanticen el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos; pide que el Gobierno de Ortega aporte inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero; recuerda que deben ofrecerse plenas garantías a las personas exiliadas, de manera que puedan regresar a su país.

Pide que el Gobierno de Nicaragua levante el estado de sitio de facto, y reitera su llamamiento para que se restablezcan un diálogo integrador y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua.

Pide al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y a sus Estados miembros que desempeñen un papel activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, tal como se establece en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995, en cuyo artículo 1 se estipula que la democracia se basa en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana.

Pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos; subraya que Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020.

Pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados, velando especialmente por que no resulte perjudicado el pueblo nicaragüense; subraya la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al Gobierno y a las autoridades, con el fin de mitigar el impacto de la COVID‑19 y de la actual represión gubernamental e impedir que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria; recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su llamamiento para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación; entre otras medidas.