Cancelan personería jurídica de 15 organizaciones civiles en Nicaragua

La Asamblea Nacional aprobó la Iniciativa de Decreto de Cancelación de Personalidades Jurídicas de 15 organizaciones civiles Sin Fines de Lucro.

Con 70 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones, la Asamblea Nacional, dominada por el partido de Gobierno, canceló este jueves 26 de agosto la personería jurídica de 15 Organizaciones No Gubernamentales que operan en Nicaragua.

Las organizaciones que perdieron la personería jurídica son el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS), Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM), Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG NICARAGUA), Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes y Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios (FUMEDNIC).

También se le canceló la certificación a la Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal,
Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (OYANKA) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL).

Con estas 15 organizaciones sin fines de lucro,suman 49 que ya han perdido su permiso de operar en el país desde el año 2018, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuyas instalaciones fueron confiscadas.

La propuesta de eliminación de personalidades jurídicas fue presentada por el diputado Filiberto Jacinto Rodríguez, quien acusó a las organizaciones de “lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El documento enviado a la Primera Secretaría, señaló que los organismos no presentaron informes financieros, documentación de los donantes, juntas directivas, entre otras.

Durante el debate, el diputado indígena Brooklyn Rivera defendió al organismo Acción Médica Cristiana, la cual, razonó, es la única ONG que está presente en las zonas vulnerables del Caribe norte de Nicaragua, habitada principalmente por indígenas miskitos, después que esa región es azotada por un huracán.

"Nosotros estamos cumpliendo con las mismas leyes que nosotros aprobamos. Esa es la reflexión que queda", dijo, por su lado, el titular del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras.

LA LISTA DE LAS ONG

Entre las entidades afectadas está la Fundación Mejía Godoy, de los hermanos Mejía Godoy, que recientemente tildaron de "régimen totalitario, neoestalinista y neohitleriano" al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, tras criticar un decreto ejecutivo que pide a otros Estados u organismos internacionales solicitar previamente su consentimiento si desean otorgar un premio o reconocimiento a un ciudadano de este país centroamericano.

Otras ONG ilegalizadas son el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social, y Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia.

También la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (Inges), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, y Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

En Nicaragua, el Ejecutivo de Daniel Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 49 ONG desde diciembre de 2018, las anteriores 24 ONG, la mayoría médicas, el 28 de julio pasado.

El día 15 de agosto pasado, el Ministerio de Gobernación canceló los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que el presidente Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.