Gobierno de Nicaragua llama a consultas a embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México


El gobierno de Nicaragua informó el lunes que llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México por los "constantes señalamientos injerencistas" en sus asuntos internos, según un comunicado de la cancillería del país centroamericano.


La medida se produce luego de que aquellas naciones hicieran lo propio con sus representantes diplomáticos en días recientes, tras una arremetida del gobierno de Daniel Ortega contra actores de la oposición, incluidos varios precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre.


El llamado a consultas se produce "en reciprocidad, como corresponde con la Convención de Viena, ante similares llamados realizados por los Gobiernos antes mencionados a sus representaciones en Nicaragua", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, en una declaración. 


"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia, desde nuestra hermandad nuestroamericana y caribeña, los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países, sobre temas que sólo conciernen a nuestro pueblo y a nuestro Gobierno", señaló la Cancillería. 


Argentina, Colombia, Costa Rica y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua por "las preocupantes acciones políticas-legales" del Gobierno de Ortega, con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que se han excluido a opositores.


 "INACEPTABLES MODALIDADES DE IMITACIÓN CARICATURESCA"


 En el documento, el Ejecutivo sandinista acusó a las autoridades de esos cuatro países de pretender ignorar y obviar "cínica e inescrupulosamente" situaciones "que son lesivas de los derechos humanos, en sus propios países". 


"En nuestra Nicaragua, que ha sufrido y combatido exitosamente todas las formas de intervención en nuestros asuntos y en nuestros territorios, rechazamos categóricamente estas inaceptables modalidades de imitación caricaturesca, de quienes violentando nuestras propias y sagradas tierras de patria grande, se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado, en abierta violación del derecho internacional, de los derechos humanos, y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas, agresoras y destructoras de nuestras culturas y modos de vida", continuó. 


El Gobierno de Ortega, agregó, "lamenta tomar esta medida que solo exige el respeto a normas de convivencia pacífica, reverente y armoniosa entre naciones y pueblos que nos debemos a nuestra historia común".


 Reiteró, además, "que nunca ha sido Nicaragua, por principios, conciencia, vocación, decisión y propia convicción, voz que altere el derecho de cada pueblo a la autodeterminación, la soberanía y la independencia, cuyo bicentenario de aquellas primeras luchas, estamos celebrando en Centroamérica, ratificando que somos y seguiremos siendo libres". 


Los embajadores nicaragüenses que fueron llamados a consultas son Orlando Gómez (Argentina), Yara Pérez (Colombia), Duilio Hernández (Costa Rica), y Juan Carlos Gutiérrez (México).


Por su parte el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en un comunicado que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, “quieren ganar las elecciones sin competencia”.


“Su decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre, destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble”, señaló.


 La UE considera que “la oposición ha sido eliminada” y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto “en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de conformidad con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos”. 


Recordó asimismo que los Veintisiete condenan “la adopción de leyes restrictivas, la continua represión sistemática y la detención arbitraria de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, líderes estudiantiles y de movimientos campesinos, periodistas y representantes empresariales”.


“El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo deben detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo”, señala el comunicado. La UE instó además a las autoridades nicaragüenses a “liberar a todos los presos políticos, reintegrar partidos políticos, derogar leyes restrictivas y permitir unas elecciones libres y justas con el objetivo de reconciliación y solución democrática”


La unidad cívica de todos los actores sociales, económicos y políticos de Nicaragua a favor de un cambio democrático pacífico “sigue siendo indispensable para construir un futuro mejor”, añade el comunicado. En ese contexto, indica que la UE trabajará con la comunidad internacional para defender el diálogo y la democracia y promover el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua”


El pasado 2 de agosto la UE impuso sanciones a ocho personas más en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua e incluyó en ese grupo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.


Coalición pide desconocer las elecciones en Nicaragua por la exclusión de opositores


La denominada Coalición Nacional de Nicaragua demandó este lunes desconocer las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca su quinto mandato, debido a la exclusión de opositores. 


"Estamos llamando al no reconocimiento de un proceso electoral que carece de toda legitimidad", dijo en rueda de prensa telemática Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que forma parte de la Coalición Nacional. Ese bloque, integrado en su mayoría por opositores que se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018, y sin personalidad jurídica, sostuvo que el proceso electoral, con la eliminación de partidos políticos y la exclusión de contendientes a Ortega, no representa una salida a la crisis sociopolítica en la que está inmersa el país, sino que más bien la agudizará. 


El proceso electoral "no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la comunidad nacional e internacional para ser considerado un proceso legítimo y transparente", dijo, por su lado, el antiguo dirigente de la "Contra" y exprecandidato a la Presidencia de la oposición, Luis Fley, que abandonó Nicaragua por razones de seguridad. 


LAS PEORES ELECCIONES EN LA HISTORIA DE NICARAGUA


A juicio de la Coalición Nacional, "la dictadura Ortega Murillo ha mostrado sin tapujos, su voluntad de perpetuarse en el poder, mediante un descarado fraude electoral, en una de las peores elecciones en la historia de Nicaragua". 


"Bajo amenazas y prebendas, la dictadura organizó su circo electoral con partidos políticos satélites que no han sabido estar a la altura de las demandas de la ciudadanía y que han usurpado históricamente la lucha de un pueblo que aún resiste con dignidad clamando libertad, justicia y democracia", apuntó Fley. 


La Coalición Nacional dijo que no respaldará ni promoverá la participación ciudadana "en la farsa electoral, que solo dará como resultado la perpetuación de Ortega y (su esposa, la vicepresidenta Rosario) Murillo en el poder, porque bajo las condiciones actuales no existe ninguna garantía de que el voto ciudadano sea respetado". 


Ese bloque expresó, además, su solidaridad con la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), tras la cancelación de su personalidad jurídica. El viernes pasado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) resolvió ilegalizar al partido CxL, que encabezaba, junto a un partido indígena y una organización civil, la principal alianza electoral opositora.


ONU Y OCCIDENTE CUESTIONAN PROCESO ELECTORAL 


Esa decisión ha sido criticada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que advirtió que eliminar partidos políticos "no está en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas". 


Canadá, El Reino Unido, España, Estados Unidos, y la Unión Europea (UE) también han cuestionado la descalificación del principal bloque opositor y el arresto de dirigentes opositores, y han dicho que el proceso electoral nicaragüense ha perdido toda credibilidad.


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