Unión Europea sanciona a instituciones y a siete funcionarios de Nicaragua


La Unión Europea (UE) sancionó este lunes 10 de enero, en víspera de la investidura de Daniel Ortega, a siete funcionarios incluidos dos hijos de la pareja presidencial —Laureano y Camila Ortega Murillo—, así como a tres instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). 

También a tres magistrados del CSE, Lumberto Ignacio Campell Hooker, Brenda Isabel Rocha Chacón y Cairo Amador Arrieta, de igual forma a Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos y Nahima Janett Díaz Flores, directora de Telcor.


El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas, y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en Nicaragua. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.


En la nota, el Consejo recuerda que, en noviembre pasado, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, señaló que las elecciones nicaragüenses “se habían desarrollado sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad”. “Declaró que el Gobierno de Nicaragua ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, según el comunicado.


La UE aplicó las primeras sanciones contra Nicaragua en 2020 y en total afectan a 21 personas - entre ellos la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a otro de sus hijos, Juan Carlos Ortega Murillo - y a estas tres entidades. Ninguno de ellos puede entrar a territorio comunitario y se les han congelado todos los bienes y activos que tengan en la Unión Europea. 


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La UE empezó a preparar esta última ronda de sanciones tras las elecciones del pasado mes de noviembre, que los Estados miembros no reconocieron al considerarlas fraudulentas, porque los principales líderes de la oposición están encarcelados.


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