El rector de universidad ilegalizada en Nicaragua se exilia en Costa Rica

El rector de la privada Universidad Paulo Freire de Nicaragua, Adrián Meza, informó este viernes que se exilió en Costa Rica, luego que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por los sandinistas y a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, ilegalizara el centro de estudios superior que dirige.

Meza, abogado de profesión, dijo a la plataforma digital Nicaragua Actual, cuya mayoría de periodistas se encuentran también en el exilio, que abandonó su país con destino a la capital costarricense, por motivos de seguridad.

Aseguró que recibió "señales creíbles" de que su "libertad estaba en riesgo", y que las mismas "se intensificaron en las últimas 48 horas", por lo que, por prudencia y seguridad, decidió exiliarse en Costa Rica.

Meza consideró que lo que demuestra el régimen de Ortega es odio contra la educación superior, al punto de considerarla «como enemigos». No descartó que la medida represiva contra UPF haya sido propiciada por su posición critica y demanda ante las arbitrariedades del régimen.

"Uno no se puede sentar en el porche de su casa a esperar a que lo lleguen a traer", agregó.

«Aunque nosotros jamas nos hemos declarado enemigos del Gobierno, parece ser que el Gobierno si nos miraba como enemigos y eso fue articulando a partir de elementales exposiciones y decentes declaraciones de la UPF en torno a los acontecimientos del país», señaló Meza.

Agregó que pudo haber incidido en esta acción gubernamental la posición de UPF en torno a la detención de su estudiante Samantha Jirón, «en donde nosotros planteamos que se respetaran sus derechos constitucionales», dijo el rector. 

El miércoles pasado y con carácter urgente, la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ministerio de Gobernación, les retiró la licencia de operación a la Universidad Paulo Freire (UPF), así como a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), y Universidad Popular de Nicaragua (Uponic).

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Un día después, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras siete universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado totalizan 14.

Según las autoridades, esas universidades incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final), entre otros.

Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que las autoridades ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018, cuando los estudiantes universitarios lideraron una ola de protestas contra el Gobierno de Ortega que fueron reducidas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.EFE