"Presos políticos" en Honduras cuentan ya con una ley de amnistía

 

La Ley de Amnistía a "Presos Políticos", decreto ejecutivo sancionado por la presidenta Xiomara Castro, es hoy una realidad en Honduras, tras su publicación este sábado en el Diario Oficial La Gaceta,en medio de una crisis en el Parlamento y críticas de diferentes sectores que consideran que la norma puede beneficiar a personas involucradas en actos ilícitos.

El dictamen resultó de los análisis de los parlamentarios durante las sesiones en el Congreso Nacional, encabezado por el diputado Luis Redondo, y pese a la continuidad de la crisis política a lo interno del hemiciclo con la permanencia de dos juntas directivas desde el 23 de enero último.

La disposición, de manera textual, concederá “amnistía general, amplia e incondicional a favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República (…)”.

La norma concede "amnistía general, amplia e incondicional" a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la Administración de Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009), quien es esposo y asesor de la presidenta hondureña.

 La amnistía incluye a las personas que fueron "víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados", añade.

CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CASOS INVESTIGADOS 

También favorece a las personas que se manifestaron y fueron "reprimidas por acciones policiales y militares, y criminalizadas por el Ministerio Público y el poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas". La norma ordena que el poder Judicial, Ministerio Público y dependencias policiales, militares y penitenciarias que tengan registros o antecedentes sobre las personas beneficiadas por la amnistía deben "proceder al cierre administrativo de los mismos y al archivo de las diligencias".

El documento también deroga el decreto legislativo 141-2009, rechaza y condena el golpe de Estado contra Zelaya, quien fue derrocado a siete meses de concluir su mandato de cuatro años cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores.

La amnistía fue aprobada el jueves en medio de la crisis en el Parlamento, que desde el 23 de enero tiene dos juntas directivas paralelas, una encabezada por Luis Redondo, quien es apoyado por la presidenta, y otra por Jorge Cálix, diputado disidente del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

PACTO DE IMPUNIDAD

Diferentes sectores anticorrupción, sociales y la empresa privada de Honduras han solicitado a los diputados hondureños que mientras no se resuelva la crisis en el Legislativo se abstengan de aprobar leyes.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cree que la amnistía dejará en "la impunidad actos de corrupción de servidores públicos mientras ejercían sus funciones y no solo bajo el golpe de Estado".

"No se puede sentar precedentes que servirán como herramientas para, en el futuro, provocar impunidad en el país", señaló el CNA en Twitter.

El Consejo Anticorrupción señaló que algunos funcionarios durante el Gobierno de Zelaya tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al golpe de Estado, pero esto "no indica que si realizaron actos de corrupción o delitos contra la Administración pública, los mismos deberán quedar en impunidad".

El secretario asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción de Honduras, Ángel Edmundo Orellana, ha tildado la amnistía como "un nuevo Pacto de Impunidad".

Orellana fue ministro de Defensa en la Administración de Zelaya y exfiscal general del Estado.