UCA queda fuera del CNU y le retiran el 6% de presupuesto constitucional


El Parlamento de Nicaragua, dominado por sandinistas, aprobó el jueves reformas que, según expertos, debilitará la autonomía de las universidades en medio de nuevas reglas que fortalecen el control gubernamental sobre los currículos, programas y cátedras.


La ley establece el Consejo Nacional de Universidades (CNU), del Gobierno, como el principal órgano de rector del sector, prevaleciendo sobre los comités de expertos académicos que en cada institución ostentan actualmente dicha facultad.


"Esta reforma mata la autonomía universitaria que tanta sangre ha costado en Nicaragua", afirmó el académico Ernesto Medina, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la más grande del país.


La reforma también elimina el financiamiento público a la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita crítica de la gestión de Ortega y cuna de las protestas antigubernamentales que estallaron en el país centroamericano en 2018. De esta manera queda despojada de la asignación presupuestaria del 6% constitucional, que hasta ahora recibía y de donde se financiaban becas universitarias para estudiantes de escasos recursos.


Los diputados oficialistas argumentaron que la reforma busca fortalecer la educación superior.


"Es una venganza contra la UCA, por el papel que han jugado sus estudiantes en la rebelión de abril de 2018", aseveró la profesora de derecho constitucional, María Asunción Moreno.


La reforma incorporó al CNU tres universidades creadas por el Gobierno recientemente.


A partir de las modificaciones a la Ley, las Instituciones de Educación Superior (IES) en Nicaragua deberán someter ante el CNU para su aprobación y autorización los perfiles y planes de estudios de las carreras, programas académicos de pregrado, grado y postgrado.


Una vez entren en vigencia las reformas, el CNU estará facultado para “aprobar y coordinar la política nacional de la educación superior del país en función de los recursos y situaciones existentes, autorizar y aprobar la creación de nuevas IES, la apertura y cancelación de sedes nacionales e internacionales, así como los requisitos para su autorización y cancelación. Dictaminar, aprobar, o negar la apertura de carreras o programas de pregrado, grado y postgrado en correspondencia con los lineamientos establecidos para tal fin”, reza parte de la reforma.


Asimismo, el CNU podrá aprobar periodos de moratoria para la autorización de nuevas instituciones de educación superior, cancelar la autorización de aperturas de nuevas universidades, aquellas que en el plazo de 6 meses no obtengan la personalidad jurídica por la instancia correspondiente de conformidad con las leyes de la materia. A su vez, podrá “aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades estatales, comunitarias e interculturales establecidas en el Artículo 56 de esta ley, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación. El CNU podrá designar una partida presupuestaria a favor de la universidad privada a que se refiere el mismo Artículo”.


Al respecto, el diputado Walmaro Gutiérrez, negó que esta reforma tenga la intensión de “golpear la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”, y atribuyó esta afirmación a una supuesta campaña promovida por sectores de oposición que han defendido la autonomía escolar y descentralización educativa. No obstante, señaló que, si bien “la Constitución Política protege y salvaguarda la autonomía, pero no una autonomía autárquica sin ningún tipo de orden ni control”. El parlamentario sandinista agregó que en el caso del CNU, con esta reforma se está “fortaleciendo y dándole un rol de rector a una institución que es parte del mismo cuerpo universitario (…) y le estamos dando el carácter de órgano rector de ese subsistema educativo”.


En los últimos meses el Parlamento de Nicaragua ha cerrado 14 universidades privadas argumentando que habían incumplido con sus obligaciones ante el órgano rector. La oposición ha dicho que es un intento del Gobierno por tomar control de las universidades críticas de Ortega.

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