Piden investigar la muerte de una mujer trans en Estelí

La familia de Julio César Almanzar Jarquín que se identificaba como Katherine Massiel Rivera, de 33 años y que murió el pasado 8 de julio en una discoteca de la ciudad de Estelí, continúa a la espera de que la Policía abra una investigación para determinar si hubo mano criminal.  

Aunque el dictamen del Instituto de Medicina Legal detalla que Katherine falleció producto de un infarto, su mamá Martha Centeno no cree en esa versión porque el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza. 

La familia sigue demandando que les muestren los videos de la discoteca para constatar qué fue lo que provocó la muerte de Katherine.  

Bryan  Gutiérrez, el papá de Katherine también se ha sumado a esta petición. Acudió a la Policía a pedir que les autorizaran ver los vídeos de las cámaras del local, pero la Policía se niega e insiste en que fue muerte natural.  

La familia no cree en la versión del infarto porque Katherine nunca presentó problemas cardíacos.

La versión que les han brindado es que estando en la discoteca, Katherine se desmayó producto del infarto y que posteriormente la sacaron al estacionamiento, donde fue hallada sin vida.  

“Pero si se desmayó a causa del infarto, ¿por qué no llamaron a la Cruz Roja para que llegara a brindar los primeros auxilios a mi hermana y la llevaran al hospital?, cuestiona la familia.  

El cuerpo de la joven presentaba un golpe en la nuca, lo que las autoridades atribuyen a la caída que sufrió al supuestamente desmayarse.  

Los amigos de Katherine y la comunidad LGBTI también exigen profundizar las investigaciones para esclarecer la causa de muerte de Katherine. 

De confirmarse el crimen, Katherine sería la segunda mujer trans asesinada este año en Nicaragua. Los delitos de odio motivados por la discriminación las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI+), han incrementado de forma exponencial en el último año.  

El Observatorio LGBTIQ+ Nicaragua documentó 122 denuncias por orientación sexual entre julio de 2022 y enero de 2023, lo que en promedio equivale a 17 denuncias por mes.