Nicaragua ratificó una reforma que despoja de la nacionalidad a los condenados por “traición a la patria”

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen, aprobó una reforma constitucional que permite quitar la nacionalidad a los nicaragüenses condenados por “traición a la patria”, una figura legal que ha sido usada para perseguir a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega.

La reforma, que modifica el artículo 21 de la Carta Magna, fue votada en segunda instancia en una sesión especial realizada en Ciudad Darío, cuna del poeta Rubén Darío (1867-1916).

La medida establece que “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.

Esta disposición ya había sido aprobada en primera instancia el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que 222 presos políticos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos, tras ser acusados y sentenciados por “traición a la patria”.

Al día siguiente, el Tribunal de Apelaciones de Managua, ordenó retirar la nacionalidad a esos 222 nicaragüenses, basándose en una “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, aprobada también el 10 de febrero.

El diputado Porras, exsindicalista , señaló a manera de resumen que “aquel que no quiera y que traicione a Nicaragua no puede ser hijo de Nicaragua y tiene que perder la nacionalidad”. “Hasta el año pasado un nicaragüense nacido en Nicaragua podía traicionar, negar a su patria y podía atacar por el hecho de haber nacido” en este país, dijo el titular del Parlamento al iniciar el debate. 

“Pero en esta ley vamos a aprobar que aquel que sea catalogado como traidor a la patria sea debidamente procesado y, posteriormente, sentenciado por su crimen, lo que hará que pierda de manera inherente su nacionalidad”, advirtió.

Esa ley señala que “las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.

Además de perder la nacionalidad, los 222 ex presos políticos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular, y se les suspendieron sus derechos ciudadanos.

El 15 de febrero, otras 95 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el ex guerrillero Luis Carrión, también fueron despojados de su nacionalidad, tras ser imputados por “traición a la patria”, sin haber sido juzgados ni condenados.

Los afectados por esta medida han denunciado que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 20, que no ha sido reformado, garantiza que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.