Nicaragua cancela otras 15 organizaciones, cuatro vinculadas a la Iglesia evangélica

 

El Ministerio del Interior canceló otras 15 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, entre ellas cuatro que pertenecían a iglesias evangélicas. 

El nuevo paquete de ilegalización de oenegés se divide en 6 que optaron por disolución voluntaria y 9 a las que el Ministerio del Interior ordenó cancelar la personalidad jurídica por supuestamente violar las leyes que rigen su actividad. 

La orden de cancelación está contenida en el acuerdo ministerial 21-2024 firmado por la la ministra del Interior María Amelia Coronel, publicado este martes en La Gaceta, Diario Oficial. 

Entre las organizaciones afectadas se encuentran cuatro vinculadas a la Iglesia evangélica: Asociación Alcance Misionero Pro-Reino Nicaragüense (ALPRON), Asociación Evangélica Grupo Príncipe de Paz, Asociación Misionera Evangelística, Vino Nuevo (VINO NUEVO) y 9. Asociación Tabernáculo Internacional de Reavivamiento (AINTAR). 

El  Ministerio del Interior acusa a los organismos de incumplir con sus obligaciones ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro. En concreto los señala de  no enterar sus estados financieros por períodos de entre 5 y 20 años “con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y Juntas Directivas”. 

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, la institución indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.

Desde 2018,Nicaragua ha cancelado más de 3.600 las organizaciones.Este cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro ha sido facilitado tras la reforma a la Ley de 115, también conocida como la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro con la que el desaparecido Ministerio de Gobernación (Migob) recibió el poder para revocar una personería jurídica mediante resoluciones ministeriales.

Las autoridades argumentan que la ilegalización en serie de organizaciones sin fines de lucro forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que aparecían registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.