Juez evalúa demanda contra decisión de revocar parole humanitario a medio millón de migrantes

Un juez federal, a cargo de una demanda contra la decisión del gobierno de Trump de revocar la residencia legal de más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos bajo un programa del gobierno de Biden, escuchó los argumentos el lunes y programó una nueva audiencia para dentro de dos semanas. 

No obstante, los abogados que representan a los migrantes en el caso que se lleva a cabo en Boston expresaron optimismo ante la posibilidad de que la jueza federal de distrito Indira Talwani emita una orden de protección temporal antes de la próxima audiencia, señalando que ella parecía preocupada al escuchar los argumentos del gobierno. 

La administración Trump busca poner fin al programa de libertad condicional CHNV (llamado así por las iniciales de las nacionalidades afectadas), lo que deja a los migrantes sin una base legal para permanecer en Estados Unidos y les obligaría a salir del país 30 días. 

El martes se publicó en el Registro Federal del Departamento de Seguridad Nacional revocando el programa. Esther Sung, directora legal del Centro de Acción de Justicia, una de las organizaciones que introdujo la demanda, reveló que la jueza parecía preocupada por el trato a los migrantes afectados por el cambio de política.

 “La jueza conversó con ambas partes y no indicó cómo piensa fallar, pero sí pareció preocupada por algunos argumentos del gobierno, en particular sobre cómo trataba a las personas que ingresaron legalmente a través del CHNV y otros programas de libertad condicional”, declaró Sung. “Reconoció la posibilidad de otorgar un alivio temporal”, añadió Sung. 

La jueza ha programado otra audiencia para el 7 de abril. El equipo legal del gobierno argumentó que el programa CHNV no se alinea con sus objetivos políticos actuales y afirmó que el gobierno de Trump tiene la autoridad ejecutiva para reformular la política migratoria.

Si bien coincidió que el gobierno tiene el dercho de realizar cambios de política, la jueza cuestionó el que eso sea usado para justificar la suspensión indefinida de las solicitudes de personas que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa. 

Algunos migrantes han intentado obtener otro estatus migratorio, como asilo político, Estados de Protección Temporal (TPE) y residencia permanente, pero el gobierno ha declarado que estos procesos están suspendidos.

El presidente Joe Biden estableció el programa de “libertad condicional humanitaria” CHNV en enero de 2023 para frenar el flujo de inmigración indocumentada a la frontera entre Estados Unidos y México. Este programa permitía a personas de los cuatro países entrar a Estados Unidos durante dos años si contaban con un patrocinador en el país, aprobaban una verificación de antecedentes y adquirían un boleto de avión.

 El programa permitía la entrada de un máximo de 30,000 personas al mes a Estados Unidos. Más de 500,000 personas entraron al país bajo este programa. Los abogados que representan a los cuatro grupos argumentan que la eliminación del programa CHNV no solo presenta deficiencias legales, sino que también es inhumana, ya que impide el acceso al asilo y la residencia permanente a miles de personas vulnerables.

Es probable que el juez determine en la próxima audiencia si el tribunal impedirá que la administración revoque el programa mientras el caso sigue su curso.

Antonio Maria Delgado /El Nuevo Herald