Juez dicta prisión domiciliaria a hombre que mató a su vecino en condominio de Costa Rica.

La reciente decisión del Tribunal Penal de Pavas de otorgar prisión domiciliaria a Eduardo Ramírez Zamora, costarricense condenado a 20 años y dos meses de prisión por el homicidio del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, ha desatado una ola de indignación entre los familiares de la víctima. 

Este crimen, perpetrado el 3 de junio de 2024 en el condominio Río Palma, Escazú, no solo conmovió a la comunidad local, sino que también planteó serias interrogantes sobre la administración de justicia en Costa Rica.

Los hechos que rodearon el asesinato son escalofriantes. Una discusión entre las esposas de ambos hombres, supuestamente originada por el abastecimiento de agua potable, escaló rápidamente hasta que Ramírez Zamora desenfundó un arma y disparó múltiples veces contra Orozco Mendoza, quien falleció en el acto. La tragedia fue capturada por una cámara de seguridad, lo que generó una fuerte reacción pública y resaltó la brutalidad del acto.

Después de su detención en el lugar del crimen, Ramírez Zamora se acogió a un procedimiento especial abreviado el 20 de diciembre del mismo año, evitando así un juicio y recibiendo una condena directa por homicidio calificado y agresión con arma. 

Sin embargo, lo que ha causado mayor consternación ha sido la reciente concesión de prisión domiciliaria, basada en un supuesto procedimiento quirúrgico reciente que implicaba una recuperación de seis semanas, según un dictamen médico-legal. La abogada de la familia de Otoniel ha argumentado que esta decisión carece de justificación sólida y pone de relieve las deficiencias del sistema judicial en el manejo de casos de violencia extrema.

El abogado representante de la familia de la víctima expresó su descontento, enfatizando que “no se puede permitir que, tras un crimen tan atroz, se otorgue un beneficio sin una supervisión adecuada”, haciendo referencia a la ausencia de un brazalete electrónico y al hecho de que la Policía solo visitaría la casa del imputado una vez por semana. 

Esta situación ha dejado a la familia de Orozco Mendoza sumida en un estado de tristeza y frustración, sintiéndose desprotegida ante una decisión que ellos consideran profundamente injusta.