Trump entrega datos personales de inmigrantes inscritos en el Medicaid a autoridades de deportación

 El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proporcionó esta semana a las autoridades de deportación los datos personales —incluido el estatus migratorio— de millones de inscritos en el Medicaid, un acto que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración.

En un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press se muestra que las autoridades del Medicaid intentaron bloquear, sin éxito, la transferencia de datos, alegando preocupaciones jurídicas y éticas.

No obstante, dos altos asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que el conjunto de datos se entregara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según se muestra en los correos electrónicos. A los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) se les dieron sólo 54 minutos el martes para acatar la directriz.

El conjunto de datos incluye la información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., todos los cuales permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses se inscriban en programas del Medicaid que les pagan sus gastos utilizando únicamente fondos aportados por los contribuyentes estatales. Los CMS transfirieron la información en un momento en que el gobierno de Trump intensificaba sus redadas migratorias en el sur de California.

Además de ayudar a las autoridades a localizar a los migrantes, señalaron expertos, el gobierno también podría usar la información para frustrar las esperanzas de aquellos que desean obtener la residencia legal, la residencia permanente o naturalizarse si alguna vez obtuvieron beneficios del Medicaid financiados por el gobierno federal.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó en un comunicado que le preocupa la forma en que los funcionarios de deportación podrían utilizar los datos, especialmente mientras las autoridades federales realizan redadas migratorias con la asistencia de efectivos de la Guardia Nacional y la infantería de Marina en Los Ángeles.

“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se lee en el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que nos ha hecho saber la AP es extremadamente preocupante y, de ser cierta, es potencialmente ilegal, especialmente en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para utilizar la información personal de los estadounidenses”.

Algunos legisladores de California también expresaron alarma el viernes. La representante federal Laura Friedman, de filiación demócrata, escribió en la red social X que “nunca deberíamos usar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra. Esto sólo llevará a más caos y dolor en nuestras comunidades”.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), dijo que el compartir datos fue legal. Se negó a responder preguntas sobre por qué se compartieron los datos con el DHS y cómo se utilizarían.

“Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal —y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables—, para asegurar que los beneficios del Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, explicó Nixon.

Una funcionaria del DHS, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que Trump “prometió proteger el Medicaid para los beneficiarios elegibles. Para cumplir esa promesa después de que (el expresidente) Joe Biden inundó a nuestro país con decenas de millones de inmigrantes ilegales, los CMS y el DHS están explorando una iniciativa para asegurar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios del Medicaid destinados a estadounidenses respetuosos de la ley” .

La iniciativa parece formar parte de un empeño más amplio del gobierno de Trump para proporcionarle al DHS más datos sobre los migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a impedir que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.

Una revisión enfocada en millones de inmigrantes inscritos en el Medicaid

Los CMS anunciaron a finales del mes pasado que revisaban a algunas personas inscritas en el Medicaid de ciertos estados con el fin de garantizar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”. En una carta enviada a los funcionarios estatales del Medicaid, los CMS dijeron que la iniciativa formaba parte de la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero, titulada: “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.

Dentro de esa revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre no ciudadanos inscritos en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora del Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de los CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes al tanto del proceso.

Los datos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y detalles de reclamaciones de los inscritos en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a los CMS. Ambas personas hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre la entrega de datos.

Funcionarios de los CMS intentaron luchar contra la solicitud de entrega de datos del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría distintas leyes federales, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Vitolo.

Un hecho “preocupante”

Todos los estados están obligados legalmente a proporcionar servicios de emergencia del Medicaid a personas que no son estadounidenses, incluidas aquellas que están legalmente en el país pero que aún no han cumplido con un período de espera de cinco años para solicitar ingresar al Medicaid.

Siete estados, junto con el Distrito de Columbia, permiten que los inmigrantes que no viven legalmente en el país se inscriban —con beneficios completos— en el programa Medicaid de su estado. Los estados pusieron en marcha estos programas durante el gobierno de Biden y dijeron que no le facturarían al gobierno federal para que cubriera los costos de atención médica de esos inmigrantes.

Nixon, el portavoz del HHS, dijo que los programas de Medicaid para inmigrantes patrocinados por los estados “abrieron las compuertas para que los inmigrantes ilegales se aprovechen del Medicaid, y obligaron a los estadounidenses que trabajan duro a pagar la factura”.