Gobierno de Ortega libera 1,000 reos comunes en vísperas del Día del Amor y la Amistad.

Mil privados de libertad recibieron el beneficio de convivencia familiar este 13 de febrero, en vísperas del Día del Amor y la Amistad.

“Como muestra de amor cristiano tenemos que 1.000 hermanos y hermanas, 900 varones y 100 mujeres, recibieron el beneficio legal de convivencia en sus hogares, en sus familias, en Tipitapa, Managua, Matagalpa, Chinandega, Estelí, Granada, Juigalpa y Costa Caribe Sur, Bluefields”, dijo Rosario Murillo a medios oficialistas.

Calificó que este fue un acto de “reunificación de las familias en el día del amor que todo puede y el amor que todo vence”.

En un acto en la cárcel de máxima seguridad ubicada en un municipio vecino de Managua, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, dijo estar convencida que los beneficiados sabrán aprovechar su libertad para bien de sus familias.

No obstante, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia identificó a al menos nueve opositores entre los 1.000 liberados y publicó fotografías en la que aparecen con banderas de Nicaragua de forma invertida, en señal de auxilio por la situación del país, que está inmerso en una crisis sociopolítica desde hace 22 meses y que ha dejado cientos de muertos.

Según organismos de derechos humanos, al menos nueve presos políticos salieron de la cárcel bajo esta medida gubernamental.

Entre estos están Lésther Renato Ruiz, Katherine Martinez, Brayan Urbina, Owen Ramses Marín, Victor Pérez. Berman Cruz y Uriel Pérez.

La CIDH saludó la excarcelación de al menos seis personas privadas de libertad en el marco de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, aunque la Alianza Cívica reconoce a al menos nueve.

CIDH recuerda al Estado la necesidad de liberar a todos los presos políticos y restablecer derechos y garantías propias de un régimen democrático", añadió. La Alianza Cívica contabiliza aún 59 opositores detenidos, que los califica como "presos políticos".

Sectores de la oposición y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno han acusado a la Policía Nacional y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, "sembrado drogas y armas", para presentar los casos como delitos comunes y evitar que sean llamados "presos políticos".