Estado de Nicaragua administrará los bienes incautados a ONGs.

El Gobierno de Nicaragua informó hoy de que los bienes incautados a las nueve ONG a las que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica pasan a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Gobernación, que a su vez advirtió a las ONG afectadas que los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo "no pueden ser objeto de ningún tipo de transacción por parte del organismo, sus representantes o cualquiera de sus miembros".

Los organismos a los que el Parlamento de Nicaragua despojó de su legalidad son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.

También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.

El Ministerio de Gobernación aseguró que esos organismos recibieron notificación formal de cancelación de su personería jurídica por la Asamblea Nacional, mediante decreto legislativo.

"Esta cancelación obedeció al hecho de que estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado", a como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales, indicó esa institución.

Ese ministerio señaló a esos organismos de promover "terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de propiedades públicas y privadas, de viviendas, de negocios, y de asalto a la dignidad humana de miles de personas y familias".

También acusó a esas ONG de gestionar y canalizar, hasta su cierre, fondos y recursos que disponían "para cometer todas esas gravísimas violaciones y alteraciones a los derechos humanos, al orden público, y violentando el derecho a la seguridad y la vida de las personas y familias en Nicaragua".

Todos esos actos irregulares de promoción de odio, terrorismo y todos los crímenes derivados, constituyeron una completa desnaturalización del objetivo y la finalidad que había justificado el otorgamiento de su personería jurídica, continuó.

"Estos organismos violentaron a través de todo tipo de irregularidades, no sólo la administración de los fondos gestionados y recibidos, sino que atentaron gravemente contra la paz, y los derechos humanos de los nicaragüenses", agregó la entidad.

En total, la Asamblea Nacional nicaragüense ha retirado la personería jurídica a nueve ONG en las últimas dos semanas.