Estados Unidos expresa su "preocupación" por violencia policial en Nicaragua

Estados Unidos expresó su "preocupación" por la violencia policial en Nicaragua, que se saldó hoy con más de 107 detenidos tras ataques de los agentes contra civiles que intentaban exigir la libertad de cientos de "presos políticos", en medio de la crisis que afecta al país centroamericano.

"Gobierno de Estados Unidos manifiesta su preocupación por informes de violencia policial ejercida hoy contra manifestantes", informó la embajada estadounidense en Nicaragua, en un mensaje público.

En un intento por evitar la manifestación antigubernamental, la Policía de Nicaragua capturó y golpeó a más de 100 personas, entre ellas algunas notables, y despojó de su equipo a un reportero gráfico de la agencia de noticias AFP, según denunciaron organismos defensores de los derechos humanos.

"Llamamos a autoridades nicaragüenses a cesar uso de fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y periodistas que ejercen su derecho a libre expresión y de prensa", agregó la sede diplomática de Estados Unidos.

El exministro de Educación Humberto Belli, la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, los miembro de la mesa de negociación con el Gobierno Azahalea Solís y Max Jerez, la líder opositora Ana Margarita Vigil y la veterana periodista Marlen Chow están entre los capturados y golpeados por la Policía de Nicaragua.

 Las capturas fueron realizadas en los primeros kilómetros de la Carretera a Masaya, el punto donde se realizaría una marcha para exigir al presidente Daniel Ortega la liberación "incondicional y absoluta" de los "presos políticos", en medio de la crisis que ha dejado cientos de muertos en el país desde abril del año pasado. En las capturas participaron personas de civil armadas, que estaban entre grupos que intentaban sumarse a la manifestación, según la denuncia. Las detenciones ocurrieron de forma violenta e incluyó disparos, según diversos testimonios.

 La Dirección de Operaciones Especiales (DOE), un cuerpo de élite de la Policía, invadió propiedades privadas, incluidos varios centros comerciales y gasolineras, para ejecutar sus operativos, en los que dispararon armas de guerra, con el fin de evitar una protesta para exigir la libertad de cientos de personas presas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.

Los policías golpearon al reportero gráfico niaragüense Luis Sequeira, lo subieron a una camioneta policial y le arrebataron su cámara. "Me robaron mi equipo, mi cámara, mi celular, me golpearon en el pecho, en el estómago", dijo Sequeira, de AFP y quien, al pedir su filmadora, los policías le respondieron: "Andá pedísela a tu madre", antes de tirarlo de la camioneta. Posteriormente, los agentes acorralaron a los periodistas en un estacionamiento y realizaron disparos, pero no se reportaron heridos.

La violencia se desarrolló en el marco de una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

El pasado jueves el responsable de Centroamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd Robinson, afirmó que Washington mantiene conversaciones "francas y sinceras" con Ortega, al que ha pedido un adelanto de las elecciones de 2021.

El Gobierno de Nicaragua también mantiene negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para superar la crisis, pero esta se ha quejado de que la delegación gubernamental evita abordar los temas centrales a la vez que Ortega no cumple con crear las condiciones para buscar una solución.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.