Gobierno de Nicaragua asegura que atendió a 3.844 familias víctimas de las protestas

El Gobierno de Nicaragua informó este lunes que han atendido a 3.844 familias víctimas de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, calificado oficialmente como un "fallido intento de golpe de Estado", con base en la Ley de Atención Integral a Víctimas.

El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) ha "acompañado" a 3.844 familias víctimas de las manifestaciones antigubernamentales en los departamentos de Rivas, León, Managua, Granada y Masaya, en el Pacífico, y Jinotega (norte), "en el proceso de inserción en actividades de la economía familiar", según un informe divulgado por el Ejecutivo.

Ese acompañamiento consiste en formular planes de negocio, inserción en espacios de comercialización y promoción de emprendimientos, inclusión en iniciativas productivas que aporte alimentos, y participación en capacitaciones para fortalecer y promover la cultura emprendedora, de acuerdo con la información.

De momento han acompañado en la formulación de planes de negocios a 234 protagonistas, logrando financiación por un monto de 231.231 dólares en diferentes actividades económicas como producción primaria, servicio y comercio, agroindustria y gastronomía.

Además, han generado espacios de promoción y comercialización a 1.442 familias, entre ellos víctimas que perdieron sus empleos, generando ingresos por un monto de 72.072 dólares en ventas.

Asimismo, han incorporado en sus planes de capacitaciones a 2.061 víctimas para desarrollar y fortalecer capacidades en producción, agregación de valor, transformación y comercialización, que mejoren técnicamente sus procesos productivos.

El Gobierno mantiene en 105 los niños que perdieron a uno o los dos padres en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, según ese informe.

Según ese reporte, en el período del 24 de junio al 10 de agosto pasado, las autoridades han atendido a 768 familias víctimas de los hechos de violencia.

De esas 768 familias víctimas, 192 personas dependían de los fallecidos, entre ellos los 105 niños huérfanos.

Además, encontraron a 67 personas con discapacidad, entre ellos personas con discapacidad físico-motora, visual, auditiva, psicosocial e intelectual, las cuales fueron ingresadas al programa estatal "Todos con Voz" para garantizar su rehabilitación física y apoyarlos con medios auxiliares.

En las unidades de salud, según los requerimientos, se ha brindado atención especializada en medicina interna, neurocirugía, neurología, ortopedia, oftalmología, rehabilitación y fisioterapia, entre otras.

Entre los atendidos se encuentran los familiares de 22 policías fallecidos y los 397 oficiales que resultaron lesionados.

A finales de mayo pasado, el Congreso nicaragüense aprobó de urgencia la Ley de Atención Integral a Víctimas, propuesta por el presidente Ortega, que establece la creación de un Plan de Atención Integral (PAIV) en el que el Estado proporcionará la atención y la reparación para las víctimas y sus familiares.

La norma ha sido criticada por diversos sectores porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.

Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales. EFE