La crisis en Nicaragua ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres

La vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género ha aumentado desde el estallido de la crisis política en abril de 2018 en Nicaragua.

La frecuencia de los feminicidios ha aumentado y la confianza en unas autoridades, acusadas de violar de forma sistemática los derechos humanos, se ha desvanecido.

Datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, indican que el promedio mensual de mujeres que murieron a causa de la violencia machista pasó de 4,75 en 2007 y en el 2018, a 5,5 en los primeros ocho meses de 2019.

Para la activista feminista Mirna Blandón, la violencia machista no es nueva en Nicaragua, pero se ha acentuado en medio de la crisis social y política porque, a su juicio, el Gobierno del presidente Daniel Ortega tiene centradas sus fuerzas en perseguir a sus opositores durante los últimos 17 meses.

"Ahorita se prioriza la persecución a todos los disidentes del Estado de Nicaragua, de este partido-Gobierno, (entonces) los problemas de la mujer son los menos importantes", explicó Blandón a Efe.

Según datos de la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), solamente en 2018 unas 26 mujeres murieron a consecuencia directa de los ataques armados del Estado contra opositores.

Para Blandón, el actual Gobierno sandinista es "marcadamente machista y misógino"

"Lo digo con propiedad, desde el mismo momento que contamos con un presidente (Ortega) que violó a su hijastra (Zoilamérica Narváez), que evadió la justicia", argumentó.

La feminista se refiere a la denuncia de Zoilamérica Narváez Murillo, hijastra de Ortega e hija de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien en agosto de 1998 acusó al mandatario de haberla violado de forma constante desde que tenía 9 años, caso que fue archivado por la justicia de Nicaragua.

"Mientras no haya una apertura en esa inclusión, en esa responsabilidad de vernos a las mujeres como sujetas de derecho, esto no va a cambiar aunque haya un marco legislativo maravilloso", sostuvo Blandón.

Esa percepción es reforzada por la abogada defensora de los derechos humanos Aura Estela Alarcón, quien ha sido víctima de atentados desde el inicio de la crisis, y no duda en decir que hoy es más difícil ser mujeres en Nicaragua.

"Claro, porque hoy te agrede cualquiera, hasta el policía que debería resguardarte, es el primero en agredirte", dijo a Efe Alarcón, quien denunció ser víctima de robo delante de 30 oficiales, y que al ir a denunciar el caso ante las autoridades vio a los presuntos ladrones conversando con el jefe policial en su oficina.

A juicio de Alarcón, la Policía ha incitado a la violencia contra las mujeres, valiéndose incluso de personas del mismo sexo.

La defensora recordó el caso de su colega María Oviedo, llevada a juicio por agresión a la autoridad y obstrucción de funciones, luego de dar una bofetada a un policía que la había tocado de manera impropia, tras lo cual fue agredida por dos agentes femeninas.

En un informe sobre la crisis de Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala "prácticas crueles y degradantes" de las autoridades hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su desnudo total y el sometimiento a realizar sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato verbal de personal policial".

El GIEI también reportó "violencia sexual, como técnica de interrogatorio y de generación y disuasión para impedir el ejercicio de los derechos a la reunión y expresión".

Para los familiares de la sobreviviente de feminicidio Seylit Parrales, las autoridades agravan la situación por indolencia.

Según afirman, pocos días antes de agredirla a puñaladas, su expareja, Yerol Álvarez, la llamó para amenazarla en el mismo momento en que ella lo denunciaba, le cedió el teléfono a una oficial, y esta respondió: "¡Yo no escucho nada!, además, yo no te puedo levantar la denuncia si no tenés un golpe".

Hoy Parrales es una las 52 mujeres que han escapado de feminicidio en Nicaragua en lo que va de 2019, incluyendo ocho adolescentes o niñas.

Las organizaciones denuncian que pocos autores de feminicidios o asesinatos frustrados de mujeres pagan por sus crímenes. Un caso emblemático es el del exmilitar Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien fue dejado libre tras haber sido condenado a 15 años de prisión por matar a la estudiante brasileña de medicina Rayneia Gabrielle Lima.

Alarcón está convencida de que la única forma en que se respeten los derechos de las mujeres en Nicaragua es cambiar "el sistema en su totalidad, porque el Gobierno que se decía haber fomentado los derechos de las mujeres en su cumplimiento, es el que los ha relegado".

El Gobierno ha anunciado que creará una comisión nacional que tendrá como fin, entre otros, elaborar un diagnóstico sobre feminicidios, delitos contra la dignidad de las mujeres, y atención sobre el tema de los suicidios. Wilder Pérez R/EFE