Murillo no olvida la insurrección de abril del 2018 en Nicaragua.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, culpó este martes a los empresarios establecidos en el país por la grave crisis local, que ha dejado cientos de muertos, así como una recesión económica, y llamó a no olvidar dicha responsabilidad.

"Nunca olvidaremos a quienes con sangre en las manos y fuegos y furias diabólicas en las miradas, disponían y dictaminaban, juzgaban y sentenciaban, con manos eminentes, aderezados ultimátum, en ejercicios y espectáculos de circo romano, fieras incluidas, y poco de sentimiento o sentido nacional, nacionalista, honesto, caritativo, o razonable",dice el texto en una proclama difundida este lunes por Rosario Murillo.

"No olvidamos, ni olvidaremos, a los artífices de un golpe de colores, apátridas, con coreografías importadas y escenografías, teatralidades, guiones y eslabones muy USAdos, nada originales, pero sí perversos, demoníacos".

"No olvidamos, ni olvidaremos, los rostros, los gestos, desfigurados por sus propios demonios, o los exorcismos, que no lograban ocultar satanismo y malignidad propias".

"No olvidamos, ni olvidaremos, tanta maldad, porque no debemos olvidar, y porque el tiempo sólo confirma la voluntad de paz y bien de las mayorías, frente a las maquinaciones irracionales, demoníacas, infernales, de los macabros, hoy deslucidos y desinflados, por su propia irracionalidad", dice Murillo.

Para Rosario Murillo las protestas del 2018 fueron un intento de guerra .

"Quisieron devolvernos a la guerra. Nos hicieron la guerra; destruyeron, nos hicieron muchísimo daño, pero no pudieron, ni podrán deconstruir el alma nicaragüense que es de honor y gloria, de luchas y victorias.

Murillo mira Corrupción en Nicaragua.

“Nadie puede olvidar, quiénes despidieron a más de 160.000 trabajadores de sus empresas privadas, quiénes aprovecharon para cerrar negocios, fracasados desde antes, por malas prácticas y corrupción visible e invisible”, dijo Murillo a través de los medios del Gobierno.

Desde que Ortega volvió al poder en 2007, su Gobierno y el sector privado mantuvieron una estrecha relación, que según los analistas políticos locales consistía en mejorar los números macroeconómicos sacrificando los derechos humanos, pero dicho “modelo” fracasó en abril de 2018, con el estallido popular contra el presidente.

 El “modelo de asociación público privada”, como lo denominaron las partes involucradas, fue roto por los empresarios a mediados de 2018, cuando estos rechazaron los ataques armados y ejecuciones extrajudiciales del Gobierno, que han dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, y decenas de miles en el exilio, desde el levantamiento popular contra Ortega. Los inversionistas han dado su apoyo público a un cambio de Gobierno, que propicie el retorno de la democracia a Nicaragua.

Murillo reiteró que “nadie puede olvidar” la decisión de los empresarios. “En nombre de una concepción acomodaticia y descompuesta de la ‘democracia’, una versión propia, saqueadora y egoísta, luego de haber incendiado, vilipendiado, calumniado y difamado, acusaban cínicamente, argumentando que el país se derrumbaba y todo estaba fallido, para volar con capitales a lo que ellos creían paraísos, vaciando de riqueza”, se quejó Murillo.

 La primera dama brindó sus palabras un día después de que se conoció que existe presión dentro del Parlamento Europeo para emitir sanciones económicas contra el Gobierno de su esposo. La vicepresidenta de Nicaragua forma parte de una veintena de personas, entre familiares y allegados de Ortega, que han recibido sanciones económicas internacionales bajo señalamientos de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Además de la primera dama, Estados Unidos y Canadá han aplicado sanciones a su consuegro y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; así como a sus hijos Laureano y Rafael Ortega Murillo. Otros allegados a Ortega sancionados son su asistente Néstor Moncada Lau; el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; el titular de la Asamblea Nacional y líder sindical, Gustavo Porras; la asesora en Salud, Sonia Castro; y el ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro Óscar Mojica.

 Las razones de dichas sanciones coincidieron con sendos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ancudh), que señalan al Gobierno de Ortega como responsable de la violencia en Nicaragua, incluyendo crímenes “de lesa humanidad”. Murillo, quien al igual que Ortega ha explicado que se defienden de un “golpe de Estado fallido”, insistió en que los ataques armados y violaciones de derechos humanos son responsabilidad de la disidencia, incluyendo a los empresarios.

 “Nadie puede olvidar quiénes atacaron, quemaron, violaron, asesinaron, trancaron, nadie puede olvidar las sacrílegas bendiciones, a tantos crímenes de lesa humanidad”, dijo la primera dama, en una alocución bajo el título “Amor que todo lo puede, ¡Amor que siempre vence!”. Hasta el estallido social contra Ortega la economía de Nicaragua crecía en más del 4 % anual, desde entonces, sufrió una contracción del 3,8 % y una inflación del 3,89 % en 2018, y un retroceso del 3,5 % con una inflación de 6,13 % en 2019, según datos oficiales. Nicaragua no vivía una crisis similar desde la década de los años de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.