Rechaza CIDH revictimización, a dos años de las protestas en Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha revictimizado a familiares y víctimas de la crisis de derechos humanos por la represión y la falta de medidas que garanticen el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño.

Así lo estimó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), en el marco del segundo aniversario de las protestas populares que se desataron en abril de 2018 .

“La CIDH recuerda que sus recomendaciones no fueron cumplidas por el Estado, reitera su llamado para que sean implementadas y se restablezcan las garantías de un régimen democrático”, señaló el organismo defensor, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, estimó que hay un recrudecimiento de la represión con la intención de suspender o limitar la defensa de derechos en Nicaragua, el derecho de reunión, libertad de expresión, asociación y a la protesta social, específicamente.

En lo que el organismo interamericano identifica como la quinta etapa del proceso social que atraviesa Nicaragua, además, los patrones represivos consolidan el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas en el país desde el inicio de la crisis.

“Los ataques a comunidades indígenas de la Costa Caribe se mantienen y afectan el derecho a la tierra y al territorio, así como a la vida e integridad de personas y comunidades indígenas”, señaló.

En tanto, Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la CIDH, envió hoy un saludo de reconocimiento a la asociación de madres de abril, cuyos hijos fueron asesinados por el gobierno de Daniel Ortega durante las manifestaciones.

Urrejola destacó que las madres han evitado inmovilizarse a pesar del dolor y han logrado organizarse para buscar la memoria, la verdad y la justicia.

“Las víctimas no pueden ser olvidadas. No podemos olvidar a cada una de las 328 víctimas que fueron asesinadas por el solo hecho de ejercer su derecho a la manifestación pacífica, cerca de 2.000 resultaron heridas, miles fueron detenidas y más de 100.000 debieron huir de Nicaragua, incluidos más de 90 periodistas”, indicó.

La relatora aseguró que la CIDH acompaña las denuncias y la reconstrucción de una Nicaragua que garantice a las víctimas el derecho a la verdad, además de sancionar a los responsables.

 En el marco de este segundo aniversario de las protestas, el organismo recabó el testimonio de víctimas y defensores de los Derechos Humanos que "describen una quinta etapa de represión estatal en Nicaragua" que tiene el objetivo de "suspender o limitar la defensa del derecho a la reunión, la libertad de expresión y a ejercer la protesta social", señala el comunicado reproducido por la agencia de noticias DPA.

"A partir de este momento, entramos en una nueva etapa de represión y esto lo decimos porque han mutado sus conductas sobre cómo asediar, perseguir a las personas que no son afines al poder", dijo Carla Sequeira, una de las activistas entrevistadas por la CIDH.

Wendy Flores y Alexandra Salazar, también activistas, indicaron que "la represión se mantiene principalmente en contra de los excarcelados" y sus familias mediante el "hostigamiento", y su limitación de "los derechos a la salud, a la educación y al trabajo".

El organismo regional alertó que "los patrones represivos de esta quinta etapa consolidan el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas en el país desde el inicio de la crisis de Derechos Humanos" y reprocha asimismo la "revictimización a familiares y víctimas".

La CIDH reclama al Estado nicaragüense el incumplimiento de las recomendaciones realizadas para superar la crisis política, reiterando su llamamiento "para que sean implementadas y se restablezcan las garantías de un régimen democrático".

Hasta entonces, destacó "el valioso trabajo de la sociedad civil de recopilar información y contrastarla" porque "sienta las bases para próximos procesos de verdad y justicia".