El éxodo nicaragüense “da testimonio de la crisis de derechos humanos”, afirma una ONG

El éxodo de más de 100.000 nicaragüenses en los últimos dos años son un “testimonio de la crisis de derechos humanos” que vive su país desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega, proclamó este sábado el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a propósito del Día Mundial de los Refugiados.

“En este día debemos recordar los graves desplazamientos forzados de personas (…), la gran cantidad de nicaragüenses expulsados son una evidencia, y dan testimonio, de la crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua, (donde) se sigue consolidando un Estado expulsor de sus ciudadanos”, dijo a Efe, el abogado de la organización no gubernamental, Carlos Guadamuz.

Históricamente los nicaragüenses abandonaban su país, tras Haití el segundo más pobre de Latinoamérica, por razones económicas, pero desde 2018 lo hacen sobre todo porque se sienten perseguidos por el Gobierno.

Estudiantes, campesinos, profesionales, obreros, comerciantes, periodistas, activistas, o religiosos, han tenido que huir de Nicaragua tras criticar la administración del presidente Ortega, al que los opositores llaman “dictador”.

El éxodo se dio a raíz de los ataques armados de policías y paramilitares contra manifestantes ocurridos a mediados de 2018, que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Según un informe reciente de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), cuya delegación fue expulsada de Nicaragua en 2018, los nicaragüenses continúan sin tener garantías de sus derechos en el país centroamericano.

“El Gobierno de Nicaragua pretende continuar impune ante las violaciones de derechos humanos que ha cometido, alegando soberanía y autodeterminación”, se quejó Guadamuz.

"EXILIO, CÁRCEL O MUERTE"

Estados Unidos, uno de los principales destinos de los nicaragüenses exiliados, ha calificado la política de Ortega como una estrategia de "exilio, cárcel o muerte".

Las denuncias de asedio de policías y paramilitares contra opositores continuaron este sábado.

Las líderes disidentes Ivannia Álvarez y Alexa Zamra, la excarcelada Neyma Hernández y las madres de los también opositores excarcelados Jefrey Pérez y Byron Estrada denunciaron que sus casas estaban rodeadas por agentes y grupos sandinistas este sábado.

“No es posible que uno esté secuestrado en su propia casa, que no pueda salir ni siquiera a la venta, por favor, dejen de asediar, tenemos derecho de circular libremente”, se quejó la coordinadora de la Asociación Víctima de Abril, Diana Lacayo.

Ortega ha justificado sus acciones con el argumento de que los sucesos de 2018 obedecieron a un golpe de Estado, en el que ha implicado a la Iglesia Católica y al Gobierno de Donald Trump.

Guadamuz sostuvo que en 2018 lo que ocurrió fue una “explosión social” en un país con “graves violaciones a los derechos humanos sin libertad de pensamiento, sin acceso a empleo, sin certeza de la seguridad social, y enfrentando una grave crisis ambiental”.

Según diferentes organizaciones humanitarias, la mayoría de nicaragüenses que han pedido refugio tras optar por el exilio se encuentran en Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y España.

Los 100.000 exiliados representan un 10 % de la diáspora nicaragüense previa al estallido social de 2018.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente del país. EFE