Opositores exigen una estrategia contra la pandemia del COVID-19 en Nicaragua

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco demandó este miércoles la aplicación de una estrategia para "evitar más la propagación" en Nicaragua de la pandemia COVID-19.

La Unidad Nacional demandó “al régimen (Gobierno) la aplicación de una estrategia para salvar vidas y evitar más propagación (de COVID-19), cada vida cuenta”.

El reclamo del movimiento opositor, uno de los más amplios de Nicaragua, se dio a pesar de que el 25 de mayo pasado el Gobierno del presidente Daniel Ortega emitió un “Libro Blanco” sobre la pandemia en el país, en el que informó de su denominada “estrategia singular”, basada en un "equilibrio" entre la salud y la economía, que comparó con la de Suecia.

La Unidad fundamentó su reclamo en “el irresponsable -según calificó- proceder del régimen, a través del Ministerio de Salud (MINSA), al continuar su política de despidos injustificados, en medio de la profunda crisis de salud pública a causa de la COVID-19, sin importar la salud y bienestar de la población”.

Según el gremio sanitario, al menos 12 médicos fueron echados ayer martes de hospitales estatales en diferentes ciudades, supuestamente por no estar de acuerdo con la forma en que el Gobierno maneja la pandemia.

“Estos despidos arbitrarios responden a razones políticas o en represión por haber opinado públicamente sobre la crisis, una muestra más del tipo de régimen autoritario en el que vivimos”, agregó la Unidad.

Los despidos ocurrieron en un momento en que el gremio médico ha advertido del incremento de muertos a causa de la pandemia, si no se toman medidas inmediatas para detener su propagación.

Datos del Gobierno de Nicaragua indican que la pandemia ha infectado a 1.464 personas y dejado 55 muertos. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 ha informado que, hasta la semana pasada, se reportaban 4.217 pacientes y 980 fallecidos.

EMPRESAS PROPONEN ESTRATEGIA

Este mismo miércoles, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, mostró su preocupación por que “mientras la inmensa mayoría de los Gobiernos en el mundo han reaccionado en forma consecuente de acuerdo con sus capacidades, en nuestro país hemos carecido de respuestas oportunas y efectivas, somos los ciudadanos los que hemos desarrollado múltiples iniciativas para protegernos”.

El Cosep también compartió una propuesta de políticas públicas, para que sean aplicadas por el Gobierno, que incluye las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre estas, el cierre de escuelas, prohibición de aglomeraciones, y garantizar la bioseguridad del sector sanitario.

También recomendó liberar la importación y aplicación de pruebas para detectar la COVID-19, rastrear focos y cadenas de contagio, “así como proporcionar información veraz y transparente a la ciudadanía y los organismos internacionales de salud pública, para tomar decisiones oportunas.

Señaló la importancia de aplicar medidas “de alivio y protección social”, como el cese temporal del cobro de servicios básicos, crear un fondo de emergencia para los más afectados por la pandemia, así como garantizar alimentos a grupos vulnerables.

Asimismo, propuso acciones económicas y de producción para flexibilizar pagos de créditos, garantizar la producción local, mejorar las exportaciones e importaciones, y evitar la especulación.

Adicionalmente, recomendó medidas laborales y administrativas que permitan la flexibilidad de horarios en el Estado y las empresas, para garantizar liquidez y atender las urgencias.

El Gobierno de Nicaragua ha sido criticado por la forma en que maneja la pandemia, cuestionamientos que se intensificaron a raíz del despido de médicos, a pesar de que algunos hospitales ya trabajaban con una merma del 10 % al 15 % de su personal, según datos de la Unidad Médica Nicaragüense.

Tanto la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el caso de Nicaragua.