Ortega propone regular financiamiento del exterior en Nicaragua

Diputados oficialistas de Nicaragua presentaron el martes una iniciativa que busca regular los recursos provenientes del extranjero, una propuesta que es vista por detractores del presidente Daniel Ortega como un intento por ejercer mayor control sobre la oposición.

La iniciativa de Ley busca controlar a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.

La iniciativa, denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, "tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado", según el proyecto.

El proyecto, que comenzará a ser discutido esta semana en el Parlamento, de mayoría oficialista, prohíbe el financiamiento del exterior "con fines políticos" y establece que toda persona que reciba dinero de fuera del país debe inscribirse ante el Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación y explicar el destino de los fondos.

"Estamos volviendo a los mismos niveles de control de la era soviética o de la China comunista", afirmó el exdiputado opositor Eliseo Núñez, quien asegura que la iniciativa está encaminada a prohibir la llegada de recursos a críticos del Gobierno con mira a las elecciones presidenciales de 2021.

INCLUYE A "EMPLEADOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN" 

La iniciativa ordena registrarse como agente extranjero a cualquier persona física o jurídica que dentro de Nicaragua se desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor de cualquier actividad bajo orden o la supervisión de un organismo, Gobierno, capital, empresa o fondo extranjero. "También deben registrarse las personas que, dentro de Nicaragua, actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de Gobiernos, fundaciones, empresas o asociaciones extranjeras", de acuerdo con el proyecto. 

La autoridad competente será el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, que será el encargado de regular, supervisar y sancionar. Los agentes extranjeros deberán presentar de previo al Ministerio de Gobernación un informe de cualquier oferta que se le haga de su mandato extranjero sobre fondos, bienes o cualquier otro activo y objetos de valor a recibir de manera directa o indirecta para desarrollar sus actividades y explicar en qué actividades se utilizarán dichos fondos o activos. 

También deberán presentar, mensualmente, un informe documentado, detallado y verificable de gastos, pagos, desembolsos, contrataciones y demás actividades vinculadas a su desempeño, y la "suma de gastos o ingresos se deberá corresponder con el monto de los ingresos y bienes recibidos". La iniciativa establece que las donaciones que reciban no podrán ser utilizadas para financiar actividades no declaradas previamente, y no podrán recibir donaciones o bienes materiales de cualquier tipo procedente de fuente o personas anónimas. 

"Los fondos monetarios deberán ser recibidos a través de cualquier institución financiera supervisada que esté legalmente registrada en Nicaragua", y los bancos deberán reportar los movimientos a la Unidad de Análisis Financiero. 

SANCIONES E INHIBICIONES 

Las personas que "actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, de pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna", según el proyecto. Tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas, o a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza. 

Asimismo, el proyecto advierte que la "presentación de documentos o pruebas falsas puede incurrir en responsabilidad administrativa y penal, según sea el caso, previamente determinada por autoridad competente". La negativa a inscribirse como "agente extranjero" autorizará a intervenir los fondos y bienes muebles e inmuebles de la persona física o jurídica que se niegue a cumplir la Ley, así como prohibir sus actividades. La iniciativa de Ley fue introducida este martes ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, cuya directiva, controlada por los sandinistas, definirá cuándo la envía a comisión.